Cambia ha presentado una denuncia en la Fiscalía para que comrpuebe si hay delito de malversación tras el cierre del CCR.

Cambia Logroño pide a la Fiscalía que investigue si hay delito en el CCR

El grupo municipal ha solicitado a la Fiscalí que actué de oficio en la investigación de lo que «puede suponer un delito de malversación de caudales públicos»

la rioja

Lunes, 6 de marzo 2017, 14:44

Cambia Logroño ha solicitado hoy a la Fiscalía de La Rioja para que actué de oficio en la investigación de lo que "puede suponer un delito de malversación de caudales públicos" por "omisión del deber de control en la gestión del contrato de servicios ... del Centro del Cultura del Rioja (CCR)".

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Así lo ha explicado este lunes el portavoz de Cambia Logroño, Gonzalo Peña, en una rueda de prensa en la que ha estado acompañado por la abogada Henar Moreno y de la que informa la agencia EFE.

Ambos, tras la conferencia de prensa, han entregado diferente documentación a la Fiscalía de La Rioja, con la que denuncian los presuntos delitos que podrían concurrir en la situación en la que se encuentra el CCR y que esperan que investigue el Ministerio Público.

Reclaman, principalmente, "una investigación, frente al oscurantismo del Ayuntamiento de Logroño, la falta de control, incumplimientos e irregularidades en la gestión del CCR ".

Mañana concluye la comisión de control puesta en marcha en el Ayuntamiento de Logroño sobre esta cuestión "que se puso en marcha gracias a una moción de Cambia Logroño", ha precisado Peña.

Pero han decidido acudir a la Fiscalía "por las escasas explicaciones" ofrecidas en esa Comisión tanto por la concejala de Cultura, Pilar Montes.

Además, ha que no acudieran a la Comisión "los actores principales" en el CCR, ha dicho, en alusión a la empresa adjudicataria del centro, Sapje-Osga; el gerente del CCR, Carlos Marco; y la alcaldesa de Logroño, Concepción Gamarra.

Estas ausencias, ha dicho, "ponen de manifiesto unos hechos muy graves que podrían incurrir en una posible malversación de fondos públicos por la omisión del deber de control de los responsables políticos".

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El cierre del CCR, según ha enumerado, "se debe a un mantenimiento inadecuado del mismo, la organización de una serie de eventos que han dañado la cúpula y la ejecución de obras inadecuadas, tal y como demuestra un informe de la unidad municipal de Arquitectura".

Peña ha afirmado que la actual situación del CCR "es consecuencia de la dejación de funciones del PP y a una gestión inadecuada de la adjudicataria que ha llevado a cabo una acumulación de despropósitos desde el inicio y que ahora puede llegar a un cierre a la carta y beneficiarse de un contrato valorado en un millón de euros".

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En la actualidad, "nos encontramos con un centro cerrado y una empresa que puede solicitar una indemnización por este año sin trabajo", cuando según ha recalcado "es la adjudicataria quien debería indemnizar a los logroñeses por esos incumplimientos".

Peña ha preguntado qué tipo de gestión lleva a cabo la empresa Sapje que "mantiene cuantiosos contratos con Logroño Deporte" y ha subrayado que "el PP nos lleva a un callejón cerrado donde o se indemniza económicamente a la empresa o se le exime de responsabilidad".

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Por estos motivos, ha avanzado que "Cambia Logroño asume la responsabilidad que no demuestra el PP como equipo de Gobierno y como compromiso con la ciudadanía para defender el patrimonio, el dinero público y su correcta gestión"

Por su parte, Moreno ha explicado que "la Fiscalía es el punto clave para iniciar una investigación de lo que pudiera constituir un delito de malversación, no en el sentido de que haya apropiación indebida de dinero por parte de los responsables políticos, sino que como gestores de las arcas municipales no hayan llevado a cabo la obligación de controlar y verificar el cumplimiento de lo contratado".

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Según ha reconocido, "fiscalías de otras localidades han interpuesto de oficio denuncias por la omisión de control en la gestión de centros municipales", por lo que Cambia Logroño ha solicitado a la de La Rioja que "proceda a la investigación porque podrá acceder a datos y depurar responsabilidades".

Ha cuantificado el daño de la malversación en un millón de euros y ha insistido en que no comprende "porque no se ha optado a la resolución del contrato habiendo incumplimientos que así lo permitían mientras que la empresa adjudicataria ya ha cobrado el 85 por ciento del total del contrato sin haber dado la prestación".

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