Bárcenas pide 10.000 euros al mes para el pleito de Gamarra y 16 más

En su escrito, la defensa de Bárcenas se apoya en el precedente del caso Malaya, en el que la sala que juzgó el caso Audiencia de Málaga accedió a desbloquear fondos de los acusados para poder pagar los honorarios de los letrados intervinientes en contra del criterio del juez instructor.

Expone el extesorero que en su caso se daría la paradoja de no tener derecho a justicia gratuita, por contar con bienes suficientes, pero tampoco podría pagar a sus abogados de confianza.

Unos abogados que le representan no solo en el proceso que será juzgado en la Audiencia Nacional -una causa de gran "complejidad y amplitud"-, sino también en otros 16 procesos. Entre ellos, sus demandas contra el PP por el del borrado de los discos duros de los ordenadores que usaba o por su despido, pero también sus pleitos contra miembros de ese partido como María Dolores de Cospedal, Ana Palacio, Javier Maroto o Concepción Gamarra, así como otros contra el director de ABC, Bieito Rubido, o contra Instituciones Penitenciarias.

Recuerda el escrito que en el auto de apertura de juicio oral se determinó que Bárcenas cubriera cautelarmente en concepto de multas 55,1 millones de euros y por responsabilidad civil 11,5 millones, lo que hace un total de más de 88 millones.

Sin embargo, tanto el Juzgado Central número 5 de la Audiencia Nacional como la Sala de apelación "han venido rechazando sistemáticamente" las peticiones de Bárcenas del desbloqueo de cuentas para abonar gastos de defensa letrada y representación procesal, y eso que "el montante del patrimonio intervenido cubre sobradamente el importe de la responsabilidad civil solicitada". Como ejemplo, cita el valor de los fondos bloqueados en Suiza, que duplican la cuantía de la responsabilidad civil. El escrito considera que "no hay base legal suficiente" para denegar la liberación parcial de fondos y cree que esa decisión "atenta" contra el derecho de defensa

Tras aludir a resoluciones judiciales y normativas que avalarían su petición, la defensa de Bárcenas entiende que procede esa liberación de fondos para "atender las necesidades de defensa y asistencia letrada, sin que la existencia de una medida cautelar pueda lesionar el derecho de libre elección", ni forzar a su representado a prescindir de sus abogados y procurador de confianza.