El caso de la Casa Cuna irá a juicio

El Juzgado de lo Penal número 1 de Logroño abrirá juicio contra Noelia O.A., Verónica G.E. y María del Carmen A. F. -exdirectora y dos exprofesoras de la guardería municipal Casa Cuna, que gestiona la empresa privada Eulen- para quienes la Fiscalía reclama una pena de prisión de un año y nueve meses, para la primera, y de ocho meses, para cada una de las dos monitoras, por un presunto delito de «violencia habitual».

Para la mañana de este miércoles estaba señalado nuacto de conformidad entre acusación y defensa, pero no ha habido acuerdo: las acusadas no aceptan su culpabilidad ni la petición de pena del Ministerio Público y el caso, uno de los más llamativos ocurridos en Logroño en los últimos tiempos, irá a juicio oral.

El fiscal considera probado que los malos tratos, tanto físicos como vejatorios, eran habituales y repetidos en una escuela infantil de niños de hasta 3 años, que es propiedad del Ayuntamiento de Logroño y que continúa gestionando Eulen en régimen de concesión, junto con las también guarderías municipales de El Cubo y El Arco.

El caso se remonta a agosto del año 2013, cuando un grupo de padres cuyos hijos debían pasar de la primera etapa educativa a la segunda de la guardería (más de 18 meses) fueron alertados por una trabajadora de Eulen de las prácticas vejatorias, agresiones incluidas, que se producían en el centro recomendándoles que les cambiaran de guardería a menos de un mes de comenzar el nuevo curso.

Los padres pusieron los hechos en conocimiento del Ayuntamiento y de la Policía Nacional, que inició una investigación en la que atribuyó a las tres personas ahora encausadas un presunto delito contra la integridad moral. El caso acabó llegando al Juzgado de Instrucción número 1 que, tras tomar declaración a acusados y progenitores de los niños presuntamente maltratados, envió el expediente al Penal número 1.

De momento, lo que se conoce es el escrito de acusación de la Fiscalía que atribuye un supuesto delito de «violencia habitual» a las tres extrabajadoras de Eulen, empresa a la que no imputa penalmente pero a la que el Ministerio Público sí responsabiliza en la medida que pone de manifiesto que «conocía al menos desde el 1 de agosto del 2012 la existencia de disfunciones e irregularidades en la organización y llevanza de la escuela». «Si bien no consta -continúa el escrito de acusación- que llegara a saber con certeza que hubiera acciones tan graves, no abordó adecuadamente los problemas que se apuntaban, difiriendo su solución hasta que la situación afloró y explotó en agosto del 2013».

Indemnizaciones

El escrito de acusación de la Fiscalía reclama una indemnización de 225 euros para cada niño citado en el escrito -al menos 15, aunque pudieran aparecer más en el juicio- a la que deberán hacer frente las tres acusadas; Eulen (concesionaria) en segundo término; y el Ayuntamiento de Logroño, en tercero, como responsables subsidiarios así señalados por el Ministerio Público.

En función de las declaraciones de los propios padres de las víctimas infantiles, la Fiscalía aprecia que la «violencia habitual ejercida por las acusadas» no ha dejado secuelas de consideración en los niños, por lo que limita a esos 225 euros la indemnización en concepto de «daño físico y moral causado».

En cualquier caso, el escrito de acusación proponía al tribunal el encargo de «un informe pericial por el Instituto de Medicina Legal acerca de las consecuencias y síntomas que un menor educado bajo las pautas descritas en la acusación pudiera desarrollar». El informe se conocerá en el juicio del este miércoles.