«Somos víctimas de una campaña de odio», denuncian las sexólogas amenazadas

Las dos integrantes de la empresa Serise Sexología comparecieron junto a la directora del Observatorio de Derechos Humanos, Sara Carreño, para detallar la labor que llevan a cabo, el contenido de las charlas que imparten y sus destinatarios así como las medidas legales que van a adoptar contra «la campaña de odio» de la que se consideran damnificadas y que también ha provocado que algunos centros hayan optado por no contratar sus servicios o por cancelar otros previstos.

Su trabajo, explicaron ayer, lo desarrollan en comunidades educativas (en contacto con el alumnado, las familias y el profesorado) siempre bajo el respaldo del «currículo de la vigente Ley de Educación». Tiene como objetivos cultivar el «respeto a la diversidad para evitar comportamientos de 'bullying' y acoso, fomentar la igualdad de derechos o prevenir los abusos sexuales y la violencia de género, así como promover los buenos tratos y los buenos amores». «En los siete años que llevamos, hasta ahora no habíamos detectado ningún problema ni dentro ni fuera de las aulas», añadió Arriero.

Sin embargo, recientemente, la situación ha tomado otro cariz. «Desde hace aproximadamente un año estamos siendo víctimas de una campaña de acoso, de odio y de difamaciones por parte de grupos de ultraderecha», denunció Bárbara Sáenz.

Esta situación «incluye acusaciones muy graves, que son totalmente falsas, por las que hemos recibido insultos y amenazas, incluso de muerte, por las que hemos llegado a temer por nuestra integridad física», remarcó Sáenz, que consideró que «se han agravado por las publicaciones realizadas este fin de semana por Vox en las redes sociales». Todo eso, entiende Sáenz, se ha convertido en un «auténtico boicot» a su trabajo.

Por estos motivos, Sáenz anunció que han tomado «las acciones judiciales correspondientes», que más adelante irán desgranando de forma más exhaustiva, «contra Salvador Martí (uno de los defensores de implantar el pin parental en La Rioja) y una de las asociaciones que preside, la plataforma Hazte Oír, Polonia Castellanos (presidenta de Abogados Cristianos) y el sacerdote Pedro Trevijano», aunque también señaló que dichas medidas se extenderán a «cualquier persona o sector que siga promoviendo esta campaña de odio y difamación».

«Ataque a la educación»

Por su parte, la directora del Observatorio de Derechos Humanos, Sara Carreño, mostró su total apoyo a estas dos trabajadoras («Hoy todos somos Ruth y Bárbara», dijo Carreño) y arremetió contra el «'pin Abascal'» por ser «un ataque a la educación y a la diversidad». Por eso, anunció «una ronda de contactos con sindicatos educativos, centros y asociaciones de padres y madres para que denuncien cualquier coacción» que perciban sobre este particular.

«Es una vergüenza nacional que se intente coaccionar a la comunidad educativa», insistió Carreño, que atribuyó «presiones a directores de centros por parte de la ultra derecha» y advirtió de que el Observatorio de Derechos Humanos, dependiente de la Consejería que dirige Raquel Romero, también valora adoptar medidas legales: «No vamos a dejar de denunciarlos».