Contra el vertido incontrolado de residuos de construcción

El consejero de Medio Ambiente, Iñigo Nagore, ha ofrecido estos datos en una rueda informativa que recoge Efe, junto al director general de Calidad Ambiental, José María Infante, en la que han presentado un balance de ejecución de los programas de actuación para reducir puntos de vertido incontrolado de residuos de construcción. Estos expedientes corresponden a titulares de terrenos públicos y privados donde se han depositado ilegalmente residuos con objeto de que procedan a su retirada.

El consejero ha pedido la colaboración de ayuntamientos y ciudadanos para seguir avanzando en la eliminación de puntos de vertido incontrolado.

La planta de residuos peligrosos de Pradejón, en la que el pasado 21 de enero se inició un incendio y que no tenía autorización para operar desde 2012, ha comunicado al Gobierno de La Rioja su intención de solucionar esta situación y llevar estos residuos a un gestor autorizado.

Así lo ha indicado, el director general de Calidad Ambiental del Gobierno riojano, José María Infante, que ha explicado que la planta ha atendido el requerimiento de la Consejería de reponer una valla perimetral para evitar el acceso desde el exterior.

También ha comunicado a la Consejería que tiene intención de trasladar estos residuos a un gestor autorizado y que ha contactado con alguno de ellos, aunque, a día de hoy, ha precisado, «no tenemos constancia todavía de que haya empezado a retirarlos».

Además, la Consejería sigue con la exigencia a esta planta de que aplique un plan de desmantelamiento de la misma, que debiera haber sido entregado, para lo que ya tiene abierto un expediente sancionador y, si no cumple, hay medidas cohercitivas, y la primera, ha dicho, se hará en marzo, ha precisado.

Cuando se produjo el incendio, el consejero de Medio Ambiente, Iñigo Nagore, indicó, en una rueda informativa, que esta planta había cambiado de manos de forma periódica y, por eso, había sido «muy difícil proceder a su cierre», aunque en 2018 se hizo cargo de la propiedad la empresa «Apuesta Inmobiliaria, S.L.», a la que la Consejería instó a retirar todos los residuos y presentar un plan de desmantelamiento.