Veinticinco años de pleitos

Todo empezó en 1993. Aquel año nacieron las tristemente famosas «vacaciones fiscales». En uso tanto de su capacidad normativa fiscal como de su dotación económica, ambas muy superiores a las de las comunidades del régimen común, las diputaciones vascas lanzaron una oferta difícil de rechazar: la exención durante diez años del Impuesto de Sociedades para las empresas que se radicaran en el País Vasco durante 1993 y 1994.

A las «vacaciones» les siguieron, tres años más tarde, las «minivacaciones», que permitían recuperar hasta el 45% de lo invertido (también vía impuestos) a todas las compañías que pusieran sobre la mesa más de 15 millones de euros.

Las medidas pretendían captar empresas, y esas empresas habían de salir de algún lado: muy pronto las comunidades vecinas (Cantabria, Castilla y León y La Rioja) pusieron el grito en el cielo y los recursos en los tribunales.

La historia es bien caprichosa: el primer recurso riojano contra las vacaciones fiscales llegó de la mano del socialista José Ignacio Pérez, el ahora delegado del mismo gobierno que promete a los nacionalistas vascos no buscarles las cosquillas judiciales. Pero también es cierto que fue su sucesor desde 1995, el 'popular' Pedro Sanz, quien continuó y llevó el esfuerzo judicial hasta el final.

Porque aunque en un caso así hay meandros, victorias y derrotas, a final de cuentas la justicia dio la razón a las tesis riojanas, y las vacaciones fiscales acabaron siendo declaradas ilegales por la última instancia posible, la europea. Aunque hubo que esperar, porque la sentencia definitiva se demoró hasta la primera década del milenio. Las consecuencias fueron dolorosas para las empresas (que tuvieron que devolver alrededor de 500 millones de euros por las ayudas mal cobradas) como para la propia hacienda foral, que hubo de abonar una multa de 30 millones.

Quizá por eso, mientras perdía en el frente judicial, el PNV intentaba evitarse más sustos en el político. El término acuñado fue «blindaje». Y la idea era simple: que no se pudiera recurrir la normativa fiscal vasca recogida en el Concierto Económico ante los tribunales ordinarios. Que para cualquier recurso hubiera que acudir al Constitucional.

Hubo varios intentos, pero al final los nacionalistas vascos lo consiguieron en 2009, cuando el ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero dio validez legal a ese blindaje. Lo hizo con el voto de los dos diputados del PSOE riojano y frente a la dura crítica del PP, aunque los 'populares' se cuidaron mucho de no tocar el asunto cuando, poco después, Mariano Rajoy fue presidente con mayoría absoluta.