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Cuando el frío ya asoma por el horizonte, los vecinos con calefacción central tienen este año un motivo adicional para echarse a temblar. Si para todos los ciudadanos se avecina un invierno difícil, con los precios disparados y el gas por las nubes, para ... quienes no tienen caldera individual la cosa se complicará aún más y no solo por las posibles trifulcas a la hora de decidir si se enciende o se apaga la calefacción. Si nos atenemos a la normativa estatal, a día de hoy casi ninguno de ellos podrá acogerse a la Tarifa de Último Recurso (TUR), con los precios regulados, que es la que se beneficia del tope decretado por el Gobierno central. Se verán obligados, quieran o no, a seguir en el mercado libre. Hasta ahora esta sujeción no les suponía un especial quebranto, pero, al dispararse los precios de la materia prima y entrar en vigor la limitación gubernamental en el mercado regulado, eso les puede suponer pagar el doble o incluso el triple.
Para conocer cómo se ha llegado hasta aquí, conviene hacer un poco de historia. Los clientes individuales pueden decidir si, a la hora de elegir su suministro de gas, escogen el mercado regulado o el libre. En el primero, se contrata un precio fijo de acuerdo con una tarifa marcada por el Gobierno; en el segundo, los precios son pactados entre el consumidor y la empresa comercializadora. Hasta hace unos meses, no había grandes diferencias entre ambos modelos e incluso las comunidades de vecinos con caldera colectiva podían beneficiarse de descuentos pactados con las firmas suministradoras. Pero la situación ha cambiado con el tope al precio del gas decretado por el Ejecutivo en junio y que se aplica exclusivamente a la tarifa regulada, lo que la convierte en mucho más atractiva para el consumidor en un escenario de alza súbita de costes.
La tarifa regulada o TUR se divide en tres tramos. La TUR 1, para consumos inferiores o iguales a 5.000 kWh/año (una persona sola con gastos muy modestos de calefacción y agua caliente): la TUR 2, con consumos entre 5.000 y 15.000 kWh/año (una familia de dos o tres personas); y finalmente la TUR 3, con consumos en cualquier caso inferiores a 50.000 kWh/año, lo que puede corresponder a una familia numerosa con abundante uso de la calefacción y del agua caliente. Al establecer estos topes de gasto, normalmente quedan fuera las calderas colectivas, que dan servicio a varias familias y que en la práctica se equiparan con los consumos industriales.
De esta manera, se pueden producir distorsiones sangrantes en el mercado. Por ejemplo. Si atendemos a la media del gasto, una familia acomodada que resida en un chalé podría acogerse a la Tarifa de Último Recurso y pagar por el gas 0,05 euros por kW/h mientras que una familia de escasos recursos que viva en un piso viejo con calefacción central deberá desembolsar 0,12 euros por ese mismo kW/h. Por esta razón, el Consejo de Colegios Oficiales de Administradores de Fincas ha remitido una carta al Gobierno para que al menos se extienda la tarifa regulada del gas «a todas las comunidades de propietarios con calefacción central que tengan cobro individualizado del consumo». El presidente del Consejo, Pablo Abascal, señaló que así se abriría al menos una puerta a las comunidades con caldera colectiva para acceder a las ventajas de la tarifa regulada. Asimismo, los administradores de fincas han solicitado que la rebaja del IVA al consumo del gas (del 21% al 5%) no deje fuera a estas comunidades de propietarios.
El Gobierno asegura haber tomado nota de esta preocupación. La ministra Teresa Ribera, en declaraciones a RNE, aseguró el viernes que su departamento ya está trabajando en una «solución», que puede pasar por establecer «un sistema de contención del incremento» en los precios del gas que deben pagar los vecinos con calefacción central.
Según datos de la AERCCA (Asociación Española de Repartidores de Costes de Calefacción) de 2018, todavía hay mil comunidades de propietarios en La Rioja (unos 30.000 hogares) con calefacción central, la mayoría de ellas en edificios de los años sesenta o setenta. Un Real Decreto del año 2020 les obligaba a instalar contadores de consumo individual siempre y cuando esa opción fuese «técnicamente viable y económicamente rentable», esto es, si el coste de su instalación pudiera ser amortizado en cuatro años por el ahorro de energía. El plazo para la adaptación concluía en octubre, aunque varias comunidades se han encontrado con el problema añadido de la falta de suministros y del alza de precios.
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