El Vaticano reconoce errores en el caso de abusos sexuales en Gaztelueta

La condena a 11 años de cárcel el pasado jueves al profesor logroñés José María Martínez Sanz por abusar sexualmente de un alumno cuando daba clases en el colegio Gaztelueta ha provocado un evidente daño a la Iglesia católica. No se debe sólo a que el docente sea numerario del Opus Dei, sino también porque el mismo Papa Francisco intervino en el caso ordenando a la Congregación para la Doctrina de la Fe que abriera una investigación e instruyera un proceso canónico al educador y al colegio. Resultó archivada en octubre del 2015 por falta de pruebas.

«La Iglesia tiene los medios que tiene, no se pueden comparar con los de la Policía y la Fiscalía. Pero es sin duda muy negativo que no hubiera una coincidencia entre la sentencia de la Justicia civil y las conclusiones a las que en su momento llegó la investigación ordenada por Roma», reconoce una alta fuente eclesiástica. También en las instituciones civiles ha habido cambio de criterio, pues la Fiscalía de Menores afrontó en dos ocasiones el 'caso Gaztelueta', pero lo archivó en el 2013. La querella presentada por la víctima contra el profesor en el 2015 propició el proceso en Primera instancia, concluido con la condena del jueves por un delito continuado de abuso sexual.

Tanto en la Iglesia española como en la Santa Sede causó sorpresa la decisión de Jorge Mario Bergoglio a finales del 2014 de implicar al antiguo Tribunal del Santo Oficio en lo sucedido en Gaztelueta, pues este dicasterio se encarga sólo de quienes han recibido la ordenación sacerdotal. «Fue un poco extraño y hubo quien no lo entendió. Sólo a un cura le puedes abrir un proceso canónico. Si lo haces con un laico y lo condenas, ¿qué pena le vas a poner? ¿Le excomulgas? Tal vez Francisco se confundió en su generosidad de querer ayudar a la familia y pensó que el profesor era un sacerdote», opina una fuente de la Iglesia española. La Santa Sede, por el contrario, recuerda que el Papa tiene poderes como «supremo legislador» y, por tanto, cuenta con la autoridad para hacer las dispensas que considere a la legislación general.

Aunque todavía no hay ninguna decisión tomada, las fuentes consultadas creen que será difícil que la Congregación para la Doctrina de la Fe reabra la investigación sobre los abusos en Gaztelueta. «Por lo general se acepta el fallo de la Justicia civil. Si el condenado hubiera sido un sacerdote, la Iglesia asumiría la condena y le impondría la pena pertinente según el derecho canónico: sería dimitido del estado clerical. Pero en este caso es un laico, así que poco más se puede hacer».

El Papa podría haberse lavado las manos frente a lo sucedido en Gaztelueta al no tratarse el imputado de un sacerdote, ni tampoco haberse producido los abusos en un colegio diocesano. Decidió intervenir después de que le planteara el caso el jesuita Germán Arana Beorlegui, conocido como el 'confidente español' de Francisco. La familia de la víctima habría entrado en contacto con Arana, al que le entregaron documentación para que se la hiciera llegar a Bergoglio.

El 'caso Gaztelueta' será probablemente tratado por los obispos españoles en la reunión de la asamblea plenaria que se celebra en Madrid desde hoy y hasta el próximo viernes. Se espera que el presidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal Ricardo Blázquez, arzobispo de Valladolid, informe a los prelados españoles de los preparativos de cara a la conferencia sobre abusos sexuales a menores convocada en Roma por el Papa el próximo mes de febrero. Todos los episcopados del mundo estarán presentes en esta importante cita.