Abruman las cifras y los porcentajes, datos que bailan uno detrás de otro y que hablan de una Rioja donde no todo es brillante. Pero tal vez destaquen más testimonios como el de Ainhoa, una joven que debe acudir a distintos servicios sociales para seguir adelante: «Vine de Alicante hace seis años y pensaba que la vida sería más fácil, pero aunque tenga trabajos a tiempo parcial, no puedo llegar a fin de mes».
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Es una historia de las casi 70.000 que la Red Europea de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión Social en La Rioja (EAPN) cifra que existen en la comunidad. 70.000 personas en 2023, 3.000 más que un año antes, que se encuentran en situación de pobreza. Y, lo más grave para este consorcio de doce asociaciones, es que la tendencia es al alza. «Vamos hacia una comunidad autónoma empobrecida, envejecida y en retroceso. Hay que tomar una estrategia para la exclusión, porque todos podemos formar parte de esta tasa», ha incidido Silvia Andrés, presidenta de EAPN La Rioja.
La explicación a esta situación es muy diversa, aunque existen causas comunes, como el encarecimiento de la vivienda, la subida de precios, la precariedad laboral o las bajas pensiones, especialmente las de viudedad, que en muchos casos «no llegan al mínimo económico del umbral de la pobreza». «Todos vemos que los precios y el coste de la vida ha aumentado más que los salarios o las pensiones», ha explicado Silvia Andrés este jueves, cuando se celebra el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza.
Ser pobre o encontrarse en situación de vulnerabilidad se puede medir por muchos factores y EAPN ha desgranado un buen número de ellos. Por ejemplo, la tasa de pobreza en La Rioja afecta al 16,9% de sus habitantes y la de pobreza severa alcanza ya al 7%, un 0,3% y un 1% más que en 2022. Y eso se combina con un descenso de la baja intensidad del empleo en el hogar, que se recorta 1,3 puntos, es decir, que hay más trabajo. Pero no es suficiente.
«Es el cuarto año consecutivo que la tasa de pobreza crece en La Rioja», ha analizado Sonia Martínez, una situación que afecta más a las mujeres (un 18,2%) que a los hombres (15,5%) y que se ceba en los menores de 18 años (un 20,9% de los riojanos de esta edad se encuentran en ese proceso de empobrecimiento. Y, entre los mayores, casi un tercio de las pensiones están por debajo de ese umbral y una de cada seis se sitúa en el marco de la pobreza severa con poco más de 600 euros al mes. Un problema, el de la pauperización, que se ceba en los entornos rurales, con uno de cada tres habitantes en riesgo (el 31,2%, lo que supone 3,4 puntos más que en 2022 y a una distancia de más de 12 puntos de los habitantes de las ciudades).
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En el imaginario popular la pobreza se sienta en una esquina a pedir limosna. Pero no es así. EAPN analiza, mediante trece apéndices, lo que denomina privación material y social severa, que consiste en no poder carne o pescado cada dos días, no tener ocio, no poder mantener la casa caliente en invierno o no poder comprar ropa nueva, entre otras. Y en esa situación de privación se hallan más de 21.000 personas en La Rioja, 9.000 más que un año antes. «Si La Rioja estaba como segunda comunidad con menor situación en este ámbito, ahora ha caído a la séptima», ha resumido Juan Antonio Meléndez.
Uno de los aspectos más destacados es que el 27,4% de los riojanos, según este informe, no puede afrontar gastos imprevistos y uno de cada cuatro no puede disfrutar de una semana de vacaciones fuera de su casa o sustituir muebles. Y el 5,4% no puede poner proteínas en su plato cada dos días, un 3,3% más que un año antes. Con estos datos, Meléndez ha incidido en que «un 40,9% de la población riojana tiene problemas para llegar a fin de mes».
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Los datos presentados por EAPN obligan a «tomar medidas por parte de la Administración», según Andrés. Aunque el incremento de pensiones o de ayudas como la renta para la ciudadanía son bien acogidas («sin ellos la pobreza se hubiera disparado un 125%), es necesario afrontar el problema con valentía. Meléndez ha hecho hincapié en cuatro grandes pilares que según la entidad son necesarios: »Crear empleo de calidad con un nivel de renta adecuado, mejorar la accesibilidad y la cuantía de las ayudas, impulsar políticas de vivienda a precio accesible y de alquiler social y abordar la situación de las personas administrativamente irregulares que trabajan entre nosotros, nos cuidan, pero no tienen reconocimiento social«.
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