La utilización del aborto farmacológico en el Seris desploma las derivaciones en 2023

Hasta esa fecha, la objeción de conciencia de los facultativos provocaba que la derivación fuese lo más habitual, especialmente por las dilaciones en el proceso, que hacía que muchos abortos se tuviesen que realizar pasadas esas nueve semanas iniciales. Tras ese período en La Rioja no se llevaban (ni se llevan, salvo excepciones como riesgo para la madre, malformación del feto o enfermedad grave) IVE quirúrgicas.

Los datos se han invertido desde principios de este año. Hasta entonces, cada mes la mayoría de las mujeres riojanas que por decisión propia decidía acabar con su embarazo era derivada a clínicas de Pamplona o Zaragoza y la sanidad pública debía abonar una factura cercana a los 400 euros, a los que sumar otros gastos de desplazamiento.

Desde febrero, por cada riojana que acaba abortando quirúrgicamente fuera de la comunidad, cuatro lo consiguen hacer mediante medios químicos en ese primer trimestre de gestación sin salir del Servicio Riojano de Salud (concretamente, entre febrero y junio las derivaciones a clínicas privadas ascendieron a 34 mientras que las IVE farmacológicas fueron 131).

Como comparación muy cercana en el tiempo hay que recordar las cifras del informe del Ministerio de Sanidad sobre el aborto en La Rioja del pasado año. En 2022, antes del cambio producido en febrero, de las 358 interrupciones voluntarias de embarazo de La Rioja, 326 se produjeron en el ámbito extrahospitalario y casi en su totalidad (324) en centros privados. Entonces también las IVE de ocho semanas o menos se realizaban en centros privados (168 a lo largo de 2023, tendencia que ha cambiado radicalmente en los últimos meses).

Eso sí, los 24 casos en los que las madres solicitaron poner fin al embarazo porque el feto presentaba graves anomalías o una enfermedad incurable fueron asumidos por el sistema público riojano.

La exconsejera de Salud y actual parlamentaria regional del PSOE, María Somalo, asegura que lo vivido en los últimos meses es «un enorme cambio». «Logramos implantar un sistema más ágil, porque antes la mujer iba del médico de cabecera a Ginecología y vuelta otra vez hasta superar ese plazo de nueve semanas. También logramos que parte del equipo dejase de objetar a la IVE farmacológica», analiza. No se consiguió, sin embargo, que la objeción de conciencia se trasladase también al aborto quirúrgico, al legrado o a otros medios.

Somalo recuerda que sobre la mesa de la actual Consejería de Salud está un borrador de licitación para contratar médicos de clínicas privadas o de otras provincias y que pudiesen acudir al San Pedro para practicar interrupciones voluntarias de manera puntual. «Lo dejamos preparado, pero dudo mucho de que el Gobierno del PP avance en eso. Lo que espero es que mantengan la posibilidad de que el aborto farmacológico se siga llevando a cabo aquí. Si no, sería una vuelta atrás inconcebible», recalca.

Aunque el Ejecutivo regional ha preferido que ningún responsable realice declaraciones respecto a este tema, su departamento de prensa sí que explica que se va a hacer «lo mismo que el Gobierno anterior: cumplir la ley que da derechos a la mujer y cumplir los derechos fundamentales de objeción de conciencia. No se ha variado nada respecto a lo que se venía haciendo hasta ahora y así se va a seguir».

Tampoco el PP ha querido entrar a valorar la actual situación ni sus proyectos respecto a las IVE (en el programa electoral de Gonzalo Capellán no se citaba el tema) y respaldarán las decisiones que tome el Ejecutivo.

Por su parte, la coordinadora de Izquierda Unida y diputada regional, Henar Moreno, exige que se «garantice el derecho de la mujer sobre su propio cuerpo, tal y como establece la ley» y que, de la misma forma, «se garantice el derecho a la interrupción del embarazo en la Seguridad Social». «La objeción de los médicos es un derecho que no debe anteponerse al derecho de las ciudadanas», sentencia.

Moreno destaca, eso sí, los avances logrados durante la pasada legislatura «por la presión de IU» y anuncia que su formación «vigilará» las decisiones del PP, del que no espera «ningún avance» pero confía en que no se produzcan retrocesos.