Ureña niega que tuviera relación «ni siquera lejana» con Muñoz durante la tramitación de Emfrisa

Durante su declaración como testigo, ha rechazado también que sufriera ningún tipo de presión por parte del extitular de Hacienda en el tiempo en el que se tramitaron las licencias y las autorizaciones que necesitaba Emfrisa para construir el parque solar de Torremontalbo.

Ha relatado que conocía a uno de los acusados A.G.C. porque era un empresario con el que había coincidido antes y fue este procesado el que le presentó un proyecto de producción de biodiésel con algas que en su día le presentó Bellomonte. La iniciativa, ha señalado, no llegó a cuajar y nunca se materializó. También ha explicado que al menos mientras él estuvo en la gerencia de la ADER las plantas fotovoltacias no recibían ningún tipo de subvención.

En la sesión de este jueves también ha declarado la funcionaria de la intervención de la Consejería de Hacienda, ahora jubilada, que rechazó la resolución del 29 de enero del 2008, por la que Florencio Nicolás, entonces director general de Industria y Comercio, resolvía informar a Emfrisa, sociedad que se decía 'en constitución', de la obligación de depositar un aval bancario ante la Tesorería General de la Comunidad Autónoma de La Rioja, por importe de 50.000 euros (500 euros por kW instalado), en garantía por cada una de las 35 instalaciones solares fotovoltaicas (de 100 KW cada una) que tenía previsto ejecutar.

Este requisito, según señala el fiscal en su escrito, sería «previo e indispensable» para la solicitud de acceso a la red de distribución y de iniciación del procedimiento de reconocimiento de instalaciones acogidas al régimen especial de producción de energía eléctrica y de inscripción previa en el Registro Autonómico de instalaciones de producción en régimen especial.

La funcionaria en cuestión advirtió de que la documentación calificaba a Emfrisa como sociedad en constitución y, entendiendo por ello que Emfrisa carecía de personalidad jurídica, desechó la petición. Ha señalado en la vista oral que consideró que «una empresa en constitución no tenía entidad» y por tanto la rechazó.

Ha negado que Muñoz se dirigiera a ella «para que solventara esto». También ha rechazado que recibiera presiones por su parte ni le consta que «hiciera esto con otros funcionarios». Ha reconocido que con Emfrisa se siguieron los trámites legales pero «es cierto que el tema dio trabajo porque a mí no me habían puesto nunca antes una resolución con una empresa en constitución era un caso único»

Ha rechazado que hubiera ningún trato de favor por su parte en el expediente de Torremontalbo, una tramitación «que duró mucho tiempo» y «yo no siempre estaba ahí». Antes de concluir ha insistido en que al menos ella gozó de plena autonomía y no recibió ninguna indicación.

En la misma jornada, el responsable de la empresa de seguros que finalmente emitió los avales necesarios para la construcción del parque solar de Torremontalbo, ha contado que un día, durante el proceso de tramitación de la mercantil, quedó con A.G.R. para ver cómo iban los poderes que necesitaba para los avales. Se fueron a una cafetería de la calle Portales de Logroño y desde ahí, este acusado llamó por teléfono a Muñoz. Al parecer no estaban los poderes. El exconsejero apareció minutos después, hablaron sobre esta cuestión y el entonces titular de Hacienda regresó a la Consejería. Al rato, «apareció de nuevo el señor Muñoz y ya estaban los poderes», ha detallado.

El Ministerio Público acusa al extitular de Hacienda de estafa, blanqueo de dinero y tráfico de influencias en la operación de traspaso de la sociedad Emfrisa y reclama cinco años y nueve meses de prisión y una multa de seis millones. Para la mujer de Muñoz, C.M.C., el fiscal reclama un pena de cuatro años de cárcel y más de 276.000 euros de multa por los presuntos delitos de estafa y blanqueo de capitales. Para A.G.R. reclama una pena de cinco años de cárcel y más de 276.000 euros de multa por los mismos delitos que la anterior y para A.G.C. y I.M.A. pide tres y dos años de cárcel y multa de 3.000 euros para el primero y de 2.400 para el segundo por una supuesta estafa. Demandan también que entre todos indemnicen solidiariamente a Bellomonte en más de 1,6 millones de euros.