Universidades del G-9 alertan de excesiva burocracia en la investigación

El actual presidente del G-9, el rector de la Universidad de Oviedo, Santiago García, ha explicado este viernes a EFE que las conclusiones de este encuentro pueden ser asimiladas por el resto de universidades «tanto porque los problemas son comunes» como porque «somos una parte importante del sistema universitario español» con unos 170.000 estudiantes y cerca de 20.000 profesores e investigadores.

El presidente del G-9 de universidades ha destacado la «buena voluntad» hacia la investigación universitaria que han detectado en el Gobierno central la pasada legislatura «pero hay muchos impedimentos para que esa investigación se lleve a cabo de forma fluida«, ha asegurado. Así, ha afirmado que la Ley de Contratos del sector Público ha creado »desconcierto e incertidumbre« en el sistema universitario, en lo que se refiere a la contratación laboral y a la captación y retención de talento y «es necesario un reglamento de aplicación para las universidades».

García también ha incidido en que el Estatuto del Personal Investigador en Formación «no se ha hecho con un marco claro para las universidades e incluso crea dificultades a sus beneficiarios» y, además «las convocatorias tienen que ir acompañadas de la financiación para cubrir esos contratos, porque si no, se crea un problema a las universidades».

El rector de la Universidad de Oviedo ha incidido en que la justificación económica de los proyectos competitivos nacionales «es cada vez más compleja, tiene criterios cambiantes y es retroactiva, lo que lleva en ocasiones, a crear una sangría económica en los presupuestos de las universidades». Además, ha dicho, «esa complejidad que no tiene justificación y aunque a veces se achaca a que son fondos de la UE, son más difíciles de justificar que los propios programas europeos».

«Estamos absolutamente de acuerdo con el control presupuestario riguroso y la rendición de cuentas, pero creemos que no hay cauces sencillos y razonables para esa labor de gestión y justificación y que la administración electrónica no está llegando igual a las universidades a otros ámbitos de la administración», ha afirmado. Y ha incidido en la petición de «recursos» para llevar a cabo esa administración de forma más eficiente «y que se tenga en cuenta que somos un sector que trabajamos dentro de un estado autonómico y en un ámbito europeo e internacional, con lo que tenemos que adaptarnos más a modelos de otros países europeos y, sin embargo, lo que hacemos es algo más retrasado».

El rector de la Universidad de Oviedo ha incidido en que «las trabas burocráticas no solo suponen impedimento a la gestión diaria de universidades, sino que suponen gastos de personal y una pérdida significativa de la escasa financiación que recibimos». También ha manifestado el deseo del G-9 de que el futuro Gobierno de España mantenga un Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, porque «cualquier disgregación del mismo sería un impedimento para avanzar en lo que pedimos» e «incluso creemos conveniente se replique a nivel autonómico».

Las universidades reclaman de igual manera que se renueve «de forma urgente» el Estatuto del Personal Docente e Investigador «para poner las actividades investigación y transferencia del conocimiento al mismo nivel que las docentes» y otra de sus demandas es que «se reactiven» los proyectos de Campus de Excelencia Internacional.

En este sentido, el rector de la Universidad de La Rioja, Julio Rubio, que preside el Campus de Excelencia Internacional Iberus, ha explicado que esa figura de agrupación de universidades españolas «sigue existiendo pero desapareció la financiación». «Es una iniciativa que vino dotada al principio, incluso de forma generosa, pero ya no tiene recursos del Gobierno y lo que hacemos es buscar fondos de otras maneras» aunque «esa iniciativa, que es rompedora y novedosa, solo tiene sentido con un apoyo financiero claro de la administración central», ha concluido.