La única sospechosa de la explosión de Lardero seguirá en la cárcel dos años después

En el auto, que firman los magistrados Ricardo Moreno, José Carlos Orga y Eva Gil, y que dictaron después de la audiencia celebrada el pasado martes, recuerdan que en este caso la causa se sigue por presuntos delitos de estragos y de tentativa de homicidio, delitos que tienen prevista una pena superior a tres años de prisión, por lo que el máximo de duración de la medida de prisión provisional, sin perjuicio de prórroga, es de dos años, computados desde que fue detenida el 3 de enero de 2022.

En la misma audiencia la defensa de I. J. S. M., que se opuso a la prórroga solicitada por la Fiscalía y el resto de acusaciones, volvió a alegar la inocencia de la acusada e invocó el principio 'in dubio pro reo' por el que si se tienen dudas sobre la culpabilidad del acusado, este tiene que ser absuelto necesariamente.

No fue lo único. De nuevo volvió a esgrimir la existencia de arraigo por parte de su clienta, uruguaya de 52 años, al tener permiso de residencia, estar casada con un español con quien se iría a vivir en caso de quedar en libertad y tener una oferta de trabajo en la empresa de su marido. Precisamente, este hombre es el propietario del ático que explotó, con quien mantenía una relación tormentosa y con quien se casó una vez en prisión. Fue entonces cuando obtuvo la nacionalidad española, hasta entonces se encontraba en situación irregular. Uno de los motivos por los que se le he denegado en reiteradas ocasiones la puesta en libertad es el riesgo de fuga.

El letrado, en la mencionada audiencia, también negó que familiares de la acusada hayan realizado gestiones ante el consulado de Uruguay para que abandone el país. Sostiene que las leyes del país de origen de la sospechosa prohiben que le sea expedido un nuevo pasaporte al estar implicada en esta causa.

Como alternativa a la prisión provisional para garantizar la presencia de la imputada, el abogado propuso que, por ejemplo se le imponga la obligación de comparecer ante el juzgado o el pago de una fianza o que incluso se le ponga un dispositivo electrónico de control. Ninguno de los argumentos convenció a los magistrados de la Audiencia Provincial, que finalmente acordaron prorrogar la prisión provisional hasta el límite máximo de cuatro años al tener en cuenta la «naturaleza y gravedad» de los delitos, las penas que conllevan los mismos, de hasta 20 años, y los indicios racionales de la autoría de I. J. S. M. Sobre todo, apuntan en el auto, en un momento «ya tan avanzado de la causa, en el que la cercanía del acto del juicio incrementa la proporcionalidad de la medida y la necesidad de asegurar la presencia de la procesada en el mismo».

La explosión se produjo a las 7.30 horas del 20 de diciembre de 2021 en el 5º B del número 2 de la calle El Cristo, de Lardero. Allí residía la sospechosa con su entonces novio, actual marido. La deflagración provocó múltiples daños materiales y también personales. Precisamente, la acusada resultó herida de gravedad y fue trasladada a la unidad de quemados del Hospital de Cruces (Vizcaya). Otras cinco personas resultaron heridas, tres de ellas también eran residentes de los áticos y dos peatones que recibieron el impacto de los escombros que salieron volando.

Poco después, los peritos del equipo de investigación de incendios del Laboratorio Regional de Criminalística, en el informe pericial, concluyeron que la explosión había sido provocada y que el epicentro se encontraba en el baño del ático. Los agentes que accedieron a la vivienda inmediatamente tras el suceso encontraron un secador de pelo en el interior de la bañera, con el interruptor de encendido accionado. Además, supuestamente se habían desenroscado de forma intencionada dos tuercas del circuito de suministro de gas. Una acción que, según concluyeron los peritos, no podía haberse producido por un profesional del gas de forma accidental o falta de pericia».

En un informe posterior –26 de agosto de 2022– realizado por los peritos especialistas del departamento de balística y trazas del servicio de Criminalística de la Guardia Civil estos concluyeron que la llave pico de loro, encontrada en la inspección ocular en el domicilio de la investigada en el que se generó la explosión, fue la herramienta empleada para manipular dos de las tres tuercas del circuito de suministro de gas. «Manipulación que posibilitó el paso del gas y la explosión».

La investigación también puso el foco en la relación entre la acusada y su novio, dueño de la vivienda que explotó. Antes de los hechos, él había acudido en varias ocasiones al cuartel de la Guardia Civil de Villamediana por problemas con su pareja. Temía que pudiera atentar contra su propia vida por las supuestas amenazas cada vez que él le decía que quería acabar la relación.

La última denuncia, según la investigación, la presentó el 19 de diciembre de 2021, justo un día antes de la explosión. Los agentes acudieron al domicilio de la pareja y encontraron a la procesada en estado de gran nerviosismo, por lo que dieron aviso al 112 y fue trasladada al Hospital San Pedro. Tras ser atendida, fue dada de alta. Horas más tarde, el ático que ocupaba explotó.

Año y medio después del siniestro, muchos de los vecinos que tuvieron que ser desalojados del edificio comenzaron a regresar a sus viviendas. En total, unas setenta personas, de una veintena de familias, habían tenido que estar residiendo en otras casas bien de alquiler o con familiares. En un primer momento se vieron obligados a abandonar sus pisos por la investigación policial y una vez que esta concluyó, tuvieron que esperar a que finalizaran las obras de rehabilitación.