La única acusada por la explosión de Lardero se enfrenta a 24 años y medio de cárcel por estragos

La procesada, nacida en Montevideo (Uruguay), mantenía una relación sentimental con el dueño del ático en el que ambos convivían, en el 5B del número 2 de la calle El Cristo, en Lardero. Desde septiembre de 2020, él había comentado a la procesada su intención de romper la relación, incluso se ofreció a pagarle el billete de regreso a su país y dejarle algo de dinero. Todo porque la encausada se encontraba sola en España y de forma irregular.

Ella, detalla la Fiscalía, se negaba a romper la relación, de hecho, quería continuar y le amenazaba con autolesionarse o suicidarse si la abandonaba. La relación era tan tensa que la Guardia Civil tuvo que acudir en varias ocasiones al domicilio de la pareja. El compañero de la acusada acudió al cuartel en Villamediana de Iregua el 2 de noviembre de 2020 y el 16 de noviembre de 2021 para denunciar a la procesada por las citadas amenazas.

El 19 de diciembre de 2021, tras mantener una fuerte discusión, él insistió en que la relación debía terminar y ella reaccionó de manera agresiva. A la vista del estado en el que se encontraba la procesada, acudió de nuevo al puesto de la Guardia Civil de Villamediana y pidió que le acompañaran a su casa para retirar sus enseres, abandonar la vivienda y romper cualquier vínculo con ella. Sobre las 13.00 horas de ese día, una patrulla acudió al ático y comprobó que ella insistía en que él no la dejase. La acusada había llenado la bañera de agua y había colocado un cable alargador de corriente y un secador. En el espejo del baño había pintado con carmín: 'Libre... ya lo eres'. La mujer fue trasladada en una ambulancia al hospital San Pedro para valoración psiquiátrica.

Una vez examinada, le dieron el alta y de regreso a la vivienda, según la acusación pública, al verse sola y molesta por el abandono empezó a idear la forma de hacer «el mayor daño posible» a su hasta entonces pareja. De una bolsa de herramientas cogió una llave de las llamadas 'pico de loro' y con ella manipuló dos de las tuercas de la tubería del circuito de suministro de gas natural de la caldera instalada en la cocina con la intención de provocar la salida de gas. Sobre las 07.30 horas del 20 de diciembre de 2021, pese a ser consciente del peligro que suponía para las vidas de sus vecinos, para el propio edificio y para los vecinos de las casas colindantes, encendió un secador de pelo que, con la gran concentración de gas que había en la vivienda, provocó una enorme explosión que despertó no sólo a lo moradores del número 2 de la calle El Cristo, sino también a buena parte de los habitantes de Lardero.

La explosión causó lesiones a varios vecinos e incluso a algún viandante que en ese momento se dirigía a trabajar. Sobre este último cayeron materiales que salieron disparados por la onda expansiva.Pero fue la procesada la que presentaba las heridas de mayor gravedad. Tuvo que ser trasladada desde el hospital San Pedro a la unidad de Quemados de Cruces de Baracaldo (Vizcaya) y una vez dada de alta, a primeros de 2022, fue conducida al centro penitenciario de Álava, en Nanclares de Oca.

Además de las heridas, la detonación ocasionó importantes daños materiales «que supusieron grave riesgo para la vida de los vecinos», sobre todo en la planta quinta, dado que supuso el derrumbe de las paredes exteriores –que eran además muros de carga– de la propia vivienda donde se encontraba la procesada como de las dos viviendas colindantes. Las paredes exteriores de dichas viviendas fueron proyectadas hacia el exterior del edificio, quedando a la vista el interior de los pisos, con daños en la estructura del alero de la terraza. El forjado superior quedó en situación crítica de estabilidad y peligro de derrumbe, los pilares interiores, muy sobrecargados y presentaban signos de colapso. También los muros de la losa del hueco de ascensor cedieron con la explosión, con grave peligro de derrumbamiento.

La explosión afectó al resto de las dieciséis viviendas del edificio del número 2 de la calle El Cristo. Había grandes desperfectos en fachadas y en el interior de las viviendas, puertas y ventanas, grietas en las paredes y desprendimiento de materiales, pero además obligó a desalojar del edificio a en torno a 70 personas. Todas tuvieron que residir durante ese tiempo bien de alquiler o con familiares. En un primer momento se vieron obligados a abandonar sus pisos por la investigación policial y una vez que concluyó, tuvieron que esperar a que finalizaran las obras de rehabilitación.

El pasado mes de diciembre, cinco días antes de que se cumplieran los dos años del siniestro, la Audiencia Provincial de La Rioja acordó prorrogar como máximo hasta el 3 de enero de 2026 la prisión provisional para la acusada, una medida poco usual y que sólo se adopta en los casos más graves.