UGT-Rioja advierte: «No se están haciendo bien las cosas en el reparto de la riqueza»

El objetivo de la campaña es «identificar a las empresas que se resisten a cumplir la Ley y a las que sí lo están haciendo», y consistirá en »colocar unas pegatinas en los centros de trabajo». Verdes, para las que sí están respetando »estos derechos» y rojas, para las que se niegan. En relación al Salario Mínimo Interprofesional (SMI), Izquierdo ha recordado que «desde el 1 de enero de este año, nadie puede ganar menos de 900 euros al mes y el objetivo para la legislatura es que llegue hasta los 1.200 euros». Pero, además, UGT quiere que la subida del SMI se blinde para lo que propone «reforma el artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores.

Respecto al salario mínimo de convenio ha recordado que los empresarios están obligados a que este año alcance ya los 1.000 euros al mes. Con ambas medidas se beneficiaría a «los 2,7 millones de trabajadores pobres de este país, la nueva nueva clase socia surgida de la reforma laboral», ha dicho. Además, el incremento salarial redundaría en un aumento de las cotizaciones a la Seguridad Social, uno de las soluciones por las que pasa la sostenibilidad del sistema público de pensiones.

Otro derecho que no se cumple en su totalidad, a juicio de UGT-Rioja, es el del registro de jornada con el que detectan las horas extraordinarias se paguen o no. «No hay excepción para ninguna empresa, con independencia de su tamaño, su actividad o de que cuente o no con representación sindical», ha subrayado. En este sentido, el propósito de la central es «posibilitar el control por parte de la Inspección de Trabajo» y «contribuir al reparto del trabajo y a la reducción de los excesos de jornada«.

Por su parte, Del Vigo se ha referido a las acciones previstas en materia de igualdad. La representante ugetista ha enfatizado que las empresas con más de 150 trabajadores están obligadas ya este año a implementar programas de equidad, obligación que se extenderá en el 2021 a las que tienen entre 100 y 150 empleados, y en el 2022, las de 50 a 100 trabajadores. UGT-Rioja «vigilará todos los planes, su ejecución y evaluación» y exige «recursos económicos y humanos, tanto en la Administración como en la Inspección de Trabajo, para formar a negociadoras y negociadores, ya que se corre el riesgo de que dichos recursos acaben en manos privadas con finalidad de lucro, como sucede ahora con los bufetes de abogados». «Sin ser especialistas en la materia elaboran planes 'tipo' de igualdad mediante la copia de planes de una empresa a otras», ha señalado.

Del Vigo ha concluido advirtiendo de que «vamos a ser implacables para conseguir que las empresas riojanas cumplan al pie de la letra todo lo referente a la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres», sancionada por el decreto aprobado el pasado año.