El TC tumba la ley valenciana que posibilitaba al Parlamento revocar al senador autonómico

La Ley valenciana, cuyo recorrido corre parejo por lo tanto al que pueda haber en La Rioja, fue recurrida ante el TC por dos vías. En julio lo hizo el Gobierno central de Mariano Rajoy discutiendo los artículos más controvertidos, y el Alto Tribunal determinó en octubre suspender la vigencia de los aspectos cuestionados hasta concluir una resolución definitiva. En febrero ya habían tomado el mismo camino 50 senadores del Grupo Parlamentario Popular, cuyo texto fue inmediatamente admitido a trámite aunque sin adoptar medida cautelar alguna.

El Constitucional viene ahora a pronunciarse definitivamente sobre esta última vía, concluyendo que las previsiones contenidas en los preceptos impugnados exceden de las competencias de la Comunidad Autónoma y vulneran el libre mandato político para los miembros de las Cortes Generales. El pleno del TC tumba la potestad de revocar al senador autonómico por parte de la asamblea que lo ha nombrado por pérdida de confianza. Con dos argumentos. Respecto a 'razones competenciales' , el fallo reitera que una norma autonómica no puede ni imponer cualesquiera deberes o controles sobre miembros de órganos constitucionales ni puede completar el régimen jurídico del cese de estos senadores. En cuanto a las 'razones sustantivas', se argumenta que el concepto de pérdida de confianza introduce una «genuina responsabilidad política» que resulta incompatible con la Carta Magna.

La sentencia prologa que tanto los senadores elegidos directamente en las urnas como los designados por sus parlamentos «ostentan posición constitucional idéntica» -con la única diferencia de que el fin del mandato de los segundos también puede concurrir el término de la legislatura autonómica que les acoge- y gozan por consiguiente de la misma libertad de mandato.

El carácter obligatorio de comparecencia de los senadores autonómicos a petición de los grupos parlamentarios también es declarado inconstitucional. «Es contrario al propio Estatuto de Autonomía», remarca el fallo del que ha sido ponente el magistrado Juan Antonio Xiol. La misma nulidad considera para la previsión de una rendición de cuentas anual obligatoria ante su hemiciclo. «Vulnera de forma explícita la Constitución, pues coloca a los senadores en una inequívoca situación de subordinación a la asamblea o de dependencia política de la misma», refiere a este respecto.