Los datos de Igualdad alteran las pesquisas por el asesinato de una mujer en Logroño en 2020

La constatación estadística de un hecho ya confirmado meses atrás provocó el jueves una cascada de reacciones políticas y prisas en condenar los hechos. La Delegación del Gobierno en La Rioja lo reconfirmó en una nota, convocó un minuto de silencio por el asesinato de una mujer del que ya se tenía constancia y el Ayuntamiento de Logroño envió una nota de prensa condenando enérgicamente un crimen machista que, horas después, el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja (TSJR) no solo no confirmó como crimen machista, sino que advirtió de que la investigación aún continúa abierta y de que el marido de la víctima, aunque como investigado, está en libertad con la obligación de presentarse en sede judicial los días 1 y 15 de cada mes. «En el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Logroño se siguen practicando diligencias en este asunto con el fin de agotar la investigación de los hechos y determinar la autoría de los mismos».

Lo rocambolesco del caso, que ha alterado una investigación de la que apenas trascendían datos precisamente para no malograr los resultados y que, según fuentes judiciales, podría haberse visto entorpecida, continuó con las declaraciones de la jefa del Ejecutivo, Concha Andreu. La confusión sobre el asunto, que para la mandataria, pese a la clara llamada a la cautela desde el TSJR, es sin duda un caso de «violencia machista», parte de «un fallo de coordinación policial y judicial, pero así está establecido». «Parece ser que la investigación policial ha concluido que es un caso de violencia machista y la judicial no ha terminado», dijo.

Poco después, y una vez concluida la concentración de repulsa por el crimen, la delegada del Gobierno en La Rioja, María Marrodán, contradecía a la presidenta y rechazaba el «fallo de comunicación» al que se refería Andreu. «Se trata de ámbitos diferentes, sin más, no es que sea un fallo de comunicación o no», señaló. «El ámbito judicial es uno y el ámbito policial es otro», incidió.

Sobre la difusión el jueves del dato por parte del Ministerio de Igualdad, incluido en el sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (Viogen) porque se consideró «que había indicios suficientes», la delegada del Gobierno detalló que se trata de una estadística «que no es estática». «Siempre se computan así los casos de violencia de género», aunque, como es el caso, no haya sentencia todavía y el principal sospechoso esté en la calle. «Otra cosa es el camino que recorra en el ámbito judicial, si no, tardaríamos años en poder confirmar los homicidios».

El jefe superior de Policía, Manuel Laguna, desveló algunos detalles del «homicidio» del que la investigación policial determinó que lo había cometido el marido de la víctima, una mujer de 56 años que no había presentado denuncias previas. «El tribunal tiene ahora sus competencias y es él el que tiene que determinar. Nosotros las pruebas las ponemos a disposición de juez y allí termina nuestro trabajo», añadió.

En un primer momento, los hechos pasaron por un suicidio porque «así lo dijo el cónyuge» cuando alertó de que su mujer, con la que tenía varios hijos mayores de edad, había fallecido. La trayectoria de las heridas por arma blanca que presentaba la víctima descartaron el suicidio y los análisis toxicológicos posteriores sobre los restos de ADN encontrados en la mujer apuntaban a su pareja, así que fue detenido, le leyeron los derechos por homicidio y pasó a disposición judicial. «A efectos policiales allí acabó la actuación –recordó– y como no tenemos conocimiento de que haya cesado el periodo de instrucción, hay que mantener la cautela a la hora de facilitar información». Ahora, «es el juzgado quien tiene que determinar las medidas oportunas».