El TSJR anula la supresión de tres aulas en Escolapias, Alcaste y Salesianos

Tres años después, la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja (TSJR) ha acordado declarar nulas aquellas resoluciones y por tanto la supresión de las mencionadas aulas que debía haberse hecho efectiva a partir del curso 2020-2021.

Las sentencias tienen más efectos simbólicos que materiales, porque en la práctica nunca se llegaron a eliminar las citadas líneas una vez que la Justicia atendió la petición de los colegios y acordó la suspensión cautelar de las líneas porque entendió que los perjuicios de la supresión de las unidades hasta ese momento concertadas hubieran ocasionado a los alumnos, familiares, centros y profesores, podrían ser «irreversibles».

La Administración sustentó entonces su decisión de disminuir las aulas en los citados centros concertados en otra resolución, en este caso del 5 de mayo de 2020, de la Dirección General de Educación, en la que se aprobaron las relaciones medias entre alumnos y profesores por unidad escolar concertada para el curso siguiente. Resolución que, tras ser recurrida por la Federación Española de Religiosos de Enseñanza Titulares de Centros Católicos (FERE-CECA), también fue anulada por la justicia, de ahí que la Sala entiende que «anulada la disposición sobre la que se sustentaba la decisión de la modificación de los conciertos», los recursos planteados por los tres centros educativos «han de ser estimados sin necesidad de mayores razonamientos».

Tampoco aquella resolución de relaciones medias entre alumnos y profesores se llegó a aplicar. Para el siguiente curso, y después del cese de Cacho, que fue sustituido por Pedro Uruñuela en agosto de 2020, la dirección general de Gestión Educativa aprobó las nuevas relaciones medidas alumno/profesor por unidad escolar concertada con una rebaja de hasta siete estudiantes, por ejemplo, en el segundo ciclo de Educación Infantil.

La Sala, según el fallo, entendió que el modo de hallar las ratios plasmado en la resolución y la relación resultante entre la ratio media de etapa en centros públicos y la mínima por unidad escolar en cada etapa en centros concertados imponía cargas más gravosas a la enseñanza concertada y, por ello, se anulaba la resolución.

El fallo arguyó que en este caso las unidades escolares de los centros públicos podrán fluctuar en el número de alumnos y podrán superar o no alcanzar la ratio exigida a cada unidad concertada. «Y ello porque la ratio media de etapa de la red pública se exige de forma exacta como mínima en la concertada», lo cual, a juicio de la Sala, «altera el equilibro entre redes que busca el artículo 16 del Reglamento de Conciertos».

El mencionado artículo establece que el titular del centro concertado se obliga a tener una relación media alumnos/profesor por unidad escolar no inferior a la que la Administración determine teniendo en cuenta la existente para los centros públicos, por tanto, el TSJR considera que «la comparación de magnitudes ha de ser homogénea» y han de compararse ratios medias, ya sean de curso o de etapa, de cada enseñanza.