El Tribunal de Cuentas reprocha a La Rioja falta de rigor en la estabilidad presupuestaria del 2015

En el primer punto, el órgano fiscalizador constata que mientras el objetivo establecido para el 2015 estaba cifrado en un déficit del 0,7% del PIB regional, finalmente se alcanzó el 1,16%. «A consecuencia de ello, la Comunidad elaboró un Plan económico-financiero (PEF 2016-2017), que fue observado por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, pero sin embargo el plan no llegó a aprobarse al no haberse reunido para ello el Consejo de Política Fiscal y Financiera», recuerda el Tribunal de Cuentas, que también afea el incumplimiento por parte de la administración autonómica de la regla de gasto. En concreto, la variación computable de aquel año fue del 4,3%, superior a la tasa de referencia de crecimiento del PIB a medio plazo de la economía española determinada por el Ministerio de Economía en el 1,3%.

La inspección ha detectado la existencia de gastos devengados en el ejercicio corriente y en anteriores que no fueron registrados. La mayoría, según se subraya, relativos al ámbito sanitario y farmacéutico del Servicio Riojano de Salud por un importe de, al menos, 18,9 millones de euros cuya imputación al presupuesto del 2016 fue autorizada por el titular de Hacienda y el Consejo de Gobierno, al amparo de lo establecido en el artículo 35 de la Ley de Hacienda Pública de La Rioja.

Asimismo, los derechos reconocidos se encontraban sobrevalorados en un importe neto de 145.000 euros, como consecuencia de la incorrecta aplicación al presupuesto del ejercicio de ingresos procedentes de fondos europeos, prestaciones asistenciales del SERIS e ingresos tributarios contabilizados en cuentas no presupuestarias. Advierte, además, de que el endeudamiento financiero de La Rioja se situó a 31 de diciembre del 2015 en 1.439 millones, habiendo experimentado un alza en los cinco últimos ejercicios del 184%. Un dato que convive con un incremento del 30% de los gastos de personal de la Administración y el sector público de La Rioja, con un crecimiento interanual de dos puntos motivado por el abono a cuenta de la parte de la paga extra de diciembre suprimida en el 2012.

En el capítulo de las subvenciones, el Tribunal confirma «deficiencias» que afectan principalmente a la no inclusión en las bases reguladoras o en las convocatorias de información suficiente para la valoración de los criterios de concesión o de la graduación del importe en la línea de ayudas en materia de servicios sociales, que se extiende a las de rehabilitación edificatoria. En este contexto y a pesar de aprobar el informe del 2015, el órgano fiscalizador insta a La Rioja a «mejorar y revisar» los procedimientos aplicados en la gestión de la actividad económico-financiera de la comunidad.