El Tribunal de Cuentas fiscaliza el 41% de la contratación pública

En el acto también han participado el director del curso, José Manuel Suárez; el presidente de la Sala Contencioso Administrativo del TSJ de La Rioja, Miguel Escanilla, y los decanos de los Colegios de Registradores y de Notarios, Pilar Oiva y Carmelo Prieto, respectivamente.

La contratación pública constituye una de las actuaciones «más relevantes» en la actuación de las entidades públicas, ha constatado, por lo que esta actividad supone «uno de los objetivos prioritarios» de la fiscalización que realiza el Tribunal de Cuentas.

Para ello, esta institución, al igual que los órganos de control externo de las comunidades autónomas, precisa contar con «información suficiente, adecuada y fiable», que permita realizar ese control.

La nueva Ley de Contratación Pública, que entró en vigor en marzo pasado, recoge una «regulación más amplia» de la información que se debe remitir al Tribunal de Cuentas para que realice esta fiscalización, según ha matizado.

También ha detallado que a través de la Plataforma de rendición de cuentas de las entidades locales se ha articulado un sistema de remisión única de la información sobre la contratación pública que realizan los ayuntamientos y posibilitar su explotación común.

Entre las recomendaciones habituales que realiza el Tribunal de Cuentas ha citado dotar de más transparencia a la contratación, justificar la misma de la mejor manera posible y contar con informes económicos y estudios de costes que avalen razonadamente los presupuestos y la sostenibilidad de lo contratado.

De Fuente ha abogado por emplear un mayor rigor en las fases de preparación, planificación y tramitación de los expedientes de contratación; tener una mayor vigilancia y un control más estricto en la ejecución de los contratos e imponer en casos de incumplimiento o retrasos inmotivados las penalidades oportunas.

Por su parte, Ceniceros ha subrayado que la labor de fiscalización que realiza el Tribunal de Cuentas permite garantizar los principios de «legalidad, eficacia y eficiencia», además de alejar a las entidades públicas del «cáncer de la corrupción».

«Ser supervisado por el Tribunal de Cuentas puede ser una incomodidad para algunos, pero no lo es para el Gobierno de La Rioja, porque ese control externo y de garantías nos ha ayudado a mejorar y a avanzar en términos de rigor, eficacia y transparencia», ha reconocido.

Así, ha asegurado que las resoluciones y aportaciones del Tribunal de Cuentas han contribuido a «reforzar la transparencia y a avanzar en la rendición de cuentas al conjunto de la sociedad».

El presidente del Gobierno riojano ha recordado que la nueva Ley responde a la necesidad de dotar de mayor publicidad al proceso de contratación pública, simplificar sus trámites y procedimientos e incrementar los controles, eliminando espacios de arbitrariedad y garantizando la libre concurrencia.

También se ha felicitado de La Rioja haya sido una de las primeras comunidades integradas en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público, lo que permite a los licitadores riojanos acceder al procedimiento simplificado convocado por cualquier poder adjudicador de España.