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El Tribunal de Cuentas publicó ayer un informe en el que fiscaliza las cuentas de trece grandes obras de integración del ferrocarril (soterramientos y estaciones del AVE) en otras tantas ciudades, entre ellas la capital riojana. El informe parece, en principio, demoledor, arrojando un sobrecoste ... superior a los 7. 637 millones entre las trece. Para el caso de Logroño, siguiendo el cálculo aplicado al resto, el desfase entre lo estimado inicialmente y lo «estimado» a fecha diciembre del 2016 sería de nada menos que de 233 millones.
La cifra, sin embargo, resulta muy chocante, puesto que la obra del soterramiento ni siquiera ha llegado a costar esos 233 millones; hasta ahora, toda la inversión ha salido de un crédito sindicado de 220 millones, del que se ha gastado el 95%, según los datos de Logroño Integración del Ferrocarril.
¿De dónde salen, pues, esos 233 millones? Sería la diferencia entre 187 millones de la estimación inicial y 420 de valor estimado a diciembre del 2016.
Según explicaba a este periódico Santiago Miyares, gerente de LIF, 187 millones fue la estimación inicial hecha en el 2003, sin tener ni siquiera proyecto redactado, no la cifra real cuando se produjo la licitación (que no llegó hasta el 2006). ¿Y los 420 millones? «Desconocemos de dónde salen», se extrañaba Millares. «Es un tema que hemos de aclarar con el propio tribunal, teniendo en cuenta que el informe es provisional a expensas que se puedan hacer aclaraciones. Son estimaciones erróneas».
El informe habla también de que, además de ese sobrecoste, la obra se habría ejecutado sólo en el 56,84%, algo que parece tener más lógica, puesto que de la previsión inicial se cayeron las fases 2 y 3 cuando la crisis se llevó por delante la financiación prevista.
Siguiendo en principio ese mismo cálculo, y por tanto arriesgándose a las mismas dudas, el informe del Tribunal de Cuentas analiza las obras de otras doce infraestructuras de este tipo desarrolladas entre el 2002 y el 2010 . Además de la terminal de la capital riojana, las estaciones de AVE investigadas son las de Alicante, Almería, Barcelona, Cartagena, Gijón, León, Murcia, Palencia, Valencia, Valladolid, Vitoria y Zaragoza. Y donde más se habría disparado el presupuesto sería en las capitales catalana y valenciana.
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