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ROBERTO PÉREZ
Logroño
Viernes, 5 de octubre 2018, 21:01
La Rioja ha captado 30 sociedades mercantiles catalanas en el último año y medio. La inmensa mayoría de ellas han llegado en los últimos doce meses, desde el otoño del 2017. Es decir, desde que el independentismo pisó el acelerador del «procés» y desencadenó el espinoso escenario político, social e institucional en el que sigue instalada Cataluña un año después. El efecto de esa deriva se dejó notar, de inmediato, en las cifras económicas. Se resintió el turismo, hubo fuga de depósitos hacia entidades y sucursales situadas fuera de Cataluña y miles de empresas han traslado su sede social para salvaguardar sus intereses mercantiles.
Esa fuga de sociedades continúa. El goteo sigue un año después de la fracasada declaración de independencia de Puigdemont, y La Rioja se cuenta entre las regiones que se están beneficiando de esos traslados societarios. En el 2017 fueron 16 las compañías catalanas que se llevaron su sede social a La Rioja.
Fue, sobre todo, en la recta final del año, entre septiembre y diciembre, a raíz del golpe secesionista que condujo a la intervención del Estado con la aplicación del artículo 155 de la Constitución y la consiguiente toma del control de la Generalitat. Y durante el primer semestre de este 2018, otras 14 sociedades mercantiles se han marchado de Cataluña para domiciliarse en suelo riojano. De ellas, doce lo hicieron en los tres primeros meses del presente año.
En apenas año y medio, por tanto, un total de 30 sociedades mercantiles catalanas han traído su sede social a La Rioja. Sin embargo, el camino inverso solo lo han hecho cinco. Así que el saldo neto del trasiego de sociedades entre La Rioja y Cataluña se inclina, con mucho, a favor de la economía riojana. La cifra es significativa si se tiene en cuenta que esta región no comparte vecindad geográfica con Cataluña. Y que lleguen 30 sociedades mercantiles es en sí mismo un dato de calado, dada la dimensión territorial, demográfica y económica de La Rioja.
LEONOR GONZÁLEZ MENORCA / CONSEJERA DESARROLLO ECONÓMICO
Desde el año pasado, desde que el independentismo lanzó su órdago secesionista, más de 4.400 empresas se han llevado su domicilio social fuera de Cataluña. Según datos del Colegio de Registradores de España, desde enero del 2017 a junio del 2018 han sido exactamente 4.422 las sociedades mercantiles que han trasladado su sede a otras regiones. Más de la mitad de todas ellas (2.523) se han mudado a la Comunidad de Madrid. La segunda región que más compañías catalanas ha recibido en todo este tiempo ha sido la Comunidad Valenciana, 463; y la tercera ha sido Aragón, con 345. La cuarta y quinta posición las ocupan Andalucía y Baleares, a donde se han mudado 291 y 236 sociedades mercantiles catalanas.
Desde el 2017, las compañías que han huido del «procés» han animado la llegada de compañías a La Rioja, una región que -al margen del fenómeno catalán- es una receptora neta de sociedades mercantiles: son muchas más las que llegan a esta región que las que se marchan. Así, en el primer semestre del presente año, 49 empresas decidieron trasladar a La Rioja su sede social -10 de ellas abandonaron el País Vasco y seis Navarra-, mientras que solo doce empresas se marcharon de La Rioja para domiciliarse en otras regiones -cinco se llevaron su sede social al País Vasco, dos a Navarra, otras dos a Murcia, una a Cataluña, otra a la Comunidad Valenciana y una a Aragón-.
La consejera de Desarrollo Económico e Innovación del Gobierno riojano, Leonor González Menorca, considera que la llegada de empresas -y en concreto las procedentes de Cataluña- responde a la solvencia de La Rioja como territorio seguro y estable para la inversión.
«Las empresas buscan seguridad jurídica, estabilidad política y social, y esos son precisamente activos que ofrece nuestra comunidad y que, lamentablemente, se está echando de menos en Cataluña», destaca Leonor González. Además, afirma que el reducido tamaño de la región facilita que la Administración ofrezca un trato más cercano y directo, que también es ventajoso para las empresas «y favorece la inversión productiva».
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