La primera gran oleada de cartas remitidas desde Inspección de Trabajo se registró a primeros de agosto. Posteriormente se recrudeció el plan de choque con otras 22.000. Como recuerda la propia institución en un comunicado hecho público a nivel nacional, su campaña pretende en ... esa primera fase donde ahora se desarrolla analizar «datos y comportamientos de las citadas empresas» (las 81.639 receptoras de sus avisos en toda España).
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«En concreto», añade el comunicado, «de aquellas que no han regularizado la situación o realizado alguna modificación en la situación de sus plantillas procediendo a la extinción de los contratos detectados en fraude de ley». Una vez cumplimentada esta primera fase, Inspección confirma que será el turno de que actúen inspectores y subinspectores «con el objeto de comprobar directamente si hay incumplimientos». Y, a continuación, «adoptar medidas legales».
Es decir, ejecutando las 75 medidas que el Gobierno de Pedro Sánchez incluyó en el llamado Plan Director por un Trabajo Digno que aprobó el Consejo de Ministros del pasado 27 de julio.
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