La tormenta energética y de materias primas pone en jaque a industrias e importadores

El proveedor eléctrico de las diecisiete empresas fabricantes de componentes de vehículos integradas en el cluster de la automoción de La Rioja ya les ha comunicado que, «aunque teníamos pactado un precio fijo desde hace año y medio, durante los próximos seis meses nos duplicará la factura, porque nos va a trasladar el recorte de beneficios extras decidido por el Gobierno central para todas las eléctricas». Así lo explica el secretario general de esta asociación industrial, Daniel Rueda, quien traduce este recargo a euros: «Serán unos 3,4 millones los que tendremos que pagar».

El decreto con el 'hachazo' a las eléctricas se convalidó el jueves en el Congreso, aunque el Gobierno central se comprometió a no aplicarlo a las compañías que suministren electricidad al sector industrial a «precios razonables». Eso da cierta «esperanza» a estas auxiliares de la automoción que, en conjunto, cuentan con 2.000 trabajadores y facturan unos 300 millones de euros al año.

Pero este es tan sólo uno de los vértices de un complejo poliedro al que se ha sumado recientemente el gas natural, «utilizado en los procesos productivos, y cuyas reservas están en mínimos, por lo que corremos el peligro de que, no solo la cadena de suministros se ralentice y se cree un cuello de botella como ocurrió con los microchips, sino que directamente se rompa porque en algún momento, y dada su carestía, se decida cortar el abastecimiento a la industria para garantizar la calefacción de los hogares», advierte Rueda. «Y si los grandes fabricantes paran, de seguido lo haremos nosotros», añade.

Por su parte, la Asociación de Industrias Agroalimentarias de Navarra, La Rioja y Aragón, ALINAR, considera «insostenible» la situación de las empresas del sector. Su director general, Diego Galilea, denuncia que la subida del gas natural y de la electricidad «en un 300%» supone «multiplicar casi por cuatro los costes energéticos respecto al pasado año», lo que está llevando a las industrias agroalimentarias a «ver peligrar su viabilidad, dados los estrechos márgenes con los que operan». De hecho, «varias empresas socias de ALINAR (65 firmas con 10.000 empleados) han visto cómo sus contratos energéticos firmados para varios años, y que les permiten tener estabilidad de costes energéticos a medio plazo, están siendo cuestionados, lo que podría tener un gran impacto en su actividad».

Las dificultades «comenzaron durante la pandemia, con el aumento generalizado de los costes de producción y transporte». En abril, la asociación ya alertó del enorme encarecimiento de las materias, pero ahora se «ha alcanzado un punto alarmante, con la subida histórica del precio de la electricidad que se está produciendo», así como el del transporte por carretera, por el alza de los carburantes, y el de los fletes marítimos.

El sobrecoste de los transportes terrestre y marítimo también ha golpeado a Ireluz, empresa de Albelda de Iregua, dirigida por Pedro Gómez Calzada, dedicada a la fabricación y comercialización de luminarias.

En su caso, el contenedor de 40 pies (unos 29.000 kilos de carga) «se ha encarecido el 550%, pasando de 2.300 a más de 14.000 euros» y el operador logístico con el que trabajan «ya nos ha advertido de que no hay ningún viso de que el precio baje hasta mediados del próximo año». ¿La razón?: «Que las navieras han quitado barcos, y con la cuarta parte están haciendo lo mismo y sacan más dinero que si tienen todas las naves en activo». Además, el tiempo de espera «ha pasado de uno a dos meses». A eso se añade el encarecimiento del transporte interno y la crisis de los michochips (electrónica), que en su caso ha provocado que algún proveedor «posponga la entrega de material seis meses, hasta marzo del año que viene».

Pero, además, esta firma está resintiéndose de la subida de los precios de las materias primas, caso del aluminio, «que se ha encarecido entre el 60% y el 70%». Lo destacable, si cabe, es que «antes te daban el precio a un mes vista de entrega, pero ahora tardan cuatro o cinco meses y te dan el precio en 'blanco', es decir, a como esté en el momento en el que te suministran».

En este contexto, Gómez asegura que «vivimos en una incertidumbre total y ya no sabemos qué hacer, porque no puedes dar unos precios a los clientes» ante una fluctuación tan constante.