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La feliz idea vicepresidencial de topar los precios está siendo uno de los asuntos que, en las últimas semanas, más revuelo está produciendo entre los agentes de la cadena alimentaria. Exigir a la distribución que limite el precio de determinados alimentos es una idea bonita ... sobre el papel, pero con innumerables debilidades.
Por un lado, requiere un acuerdo de precios entre los operadores, algo que, como era de prever, no ha gustado nada a la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia, que lo ha desautorizado. Por otro, es un problema del que en su mayoría no es responsable la iniciativa privada sino las decisiones político administrativas, por supuesto nacionales y supranacionales, por lo que es muy poco coherente y bastante irresponsable que se le pida a un escalón de la cadena que intente arreglarlo, y que la administración pública se lave las manos. Esto es, primero predica con el ejemplo y toma las medidas oportunas, como ajustar el IVA de los alimentos a la baja, y luego pide a otros que reduzcan su márgenes. Pero claro, la subida de los precios implica una mayor recaudación de IVA y a eso no es fácil renunciar.
Pero no solo eso, si la intención del gobierno es que un solo escalón pague el pato, algo de dudable imparcialidad, debería asegurarse antes de que esta reducción de ingresos no se traslade total o parcialmente a los escalones más débiles, lo que sin duda sucedería. Sería necesario que la Ley de la Cadena funcionara de forma óptima y fuera capaz de monitorizar los márgenes de cada eslabón, detectando rápidamente las desviaciones anómalas. Por supuesto, esto es inviable en la actualidad.
La realidad es que poco bueno se puede esperar de propuestas políticas que se fundamentan en análisis de mercado demasiado básicos. Al final, no se topan los precios, se topa a un sector en su conjunto, y muy probablemente al sector primario en particular, al que por cierto, nadie ha consultado.
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