Tomás Santolaya dice estar convencido de que «actuaba correctamente»

El exedil relató que actuó tal como se había hecho hasta entonces, «siempre se buscaba a la persona más idónea», detalló, y la elección de Barinaga obedecía a una cuestión de confianza. Había ganado un pleito relacionado con el sector R4 de la localidad que supuso unos ingresos de 3 millones de euros para las arcas municipales y que de otro modo «habría supuesto un roto» para el Ayuntamiento.

Tras ese litigio, para el que Javier Barinaga fue llamado por el entonces concejal de Urbanismo, Santolaya explicó que se requirieron sus servicios para otros procedimientos contenciosos. Uno de ellos promovido por los exconcejales de Villamediana Sonia Ibarguren (PSOE) y Jesús Cámara (IU) que recurrieron judicialmente las resoluciones del Ayuntamiento relacionadas con las licencias urbanísticas concedidas al entonces presidente de La Rioja Pedro Sanz Alonso. En sus recursos, los entonces ediles solicitaban el restablecimiento de la legalidad urbanística.

Preguntado por si sabía cómo se había resuelto este asunto, Jesús Ángel Cámara, quien también declaró este viernes como testigo, señaló: «Creo que los procesos se han quedado en nada».

El abogado Javier Barinaga, uno de los testigos principales de esta causa, insistió en la tesis de Santolaya y en la relación de confianza que se había establecido entre el despacho y el Ayuntamiento a raíz de que ganara uno de los pleitos «más graves» al que se había enfrentado hasta entonces el Consistorio. También explicó que casi siempre era el edil de urbanismo el que le llamaba para comentarle varias cuestiones porque la problemática judicial del Consistorio «casi siempre estaba relacionada» con esta materia. «La dinámica de trabajo era así», subrayó.

Una vez que cambió la corporación municipal, como consecuencia de la moción de censura apoyada por el PSOE, Cs e IU, es decir, toda la oposición de entonces, salvo el PR+, detalló que le retiraron de los asuntos penales y se cambió la dirección letrada.

La moción surgió después de que Ciudadanos diera por roto el pacto de investidura al no dimitir los concejales 'populares' que estaban siendo investigados judicialmente por votar a favor del Plan General que legalizó una serie de viviendas, entre ellas, el chalé del expresidente Pedro Sanz, antes casa de aperos.

La actual alcaldesa, Ana Belén Martínez, en la misma vista oral, reiteró que la moción de censura estuvo motivada por la infracción urbanística en Villamediana y, por una cuestión de confianza, hubo un cambio de letrado y ya no se contó con los servicios de Barinaga. Entonces solicitaron apoyo jurídico al Gobierno regional y «nos dijeron que no disponían de medios y que teníamos que buscarnos la vida», dijo. Por la urgencia contaron primero con los servicios de varios abogados, pero después, advertidos por la propia Intervención, iniciaron la licitación de los servicios jurídicos y «en marzo de 2018 teníamos servicios jurídicos habilitados».

El exedil socialista Juan Pedro Martínez recordó que una vez que el PSOE llegó al gobierno municipal se personó en la Fiscalía para presentar una denuncia «por los indicios de irregularidades que nos habíamos encontrado, habían contratado a un abogado y no habían hecho expediente de contratación». Aseguró que, pese a que lo solicitó en numerosas ocasiones, nunca le entregaron los contratos. En 2019, añadió, «tuve conocimiento de que se estaba cometiendo el mismo ilícito ¿Sabíamos que teníamos ese problema y nosotros incurrimos en lo mismos. Preguntado por si presentó denuncia entonces, dijo que no.

A la entonces vicesecretaria interventora, según manifestó, no le consta que se tramitara ningún expediente de contratación, y solo en una ocasión le consultaron sobre la contratación de un abogado y «le dije que no se puede hacer una asignación a dedo, nunca se me volvió a plantear nada».

La acusación pública, en sus conclusiones provisionales, considera que el exalcalde contrató los servicios de Barinaga Abogados para defender la posición del Ayuntamiento de Villamediana en cinco procedimientos judiciales en las jurisdicciones Contencioso Administrativa y Civil. Tras la conclusión de los procedimientos judiciales, Barinaga Abogados presentó el 19 de julio de 2017 cinco facturas ante el consistorio por importe total de 128.167 euros.

Según consta en el escrito del fiscal, no se tramitó ningún expediente administrativo para la contratación de los servicios de Barinaga Asociados, aunque tanto Intervención como la Comisión Informativa de Cuentas dieron la conformidad para el pago de las cinco facturas.