El exalcalde de Villamediana se sienta en el banquillo de los acusados el día 30 por presunta prevaricación

La acusación pública, en sus conclusiones provisionales, a las que ha tenido acceso este diario, considera que el exalcalde contrató los servicios de Barinaga Abogados para defender la posición del Ayuntamiento de Villamediana en cinco procedimientos judiciales en las jurisdicciones Contencioso Administrativa y Civil. Tras la conclusión de los procedimientos judiciales, Barinaga Abogados presentó el 19 de julio de 2017 cinco facturas ante el consistorio por importe total de 128.167 euros.

Según consta en el escrito del fiscal, no se tramitó ningún expediente administrativo para la contratación de los servicios de Barinaga Asociados, aunque tanto Intervención como la Comisión Informativa de Cuentas dieron la conformidad para el pago de las cinco facturas.

El fiscal argumenta que Tomás Santolaya no cumplió con las normas en materia de contratación administrativa y lo hizo de manera discrecional.

En septiembre de 2019 el entonces alcalde del PP, cumpliendo con el acuerdo de gobernabilidad firmado con Ciudadanos, dejaba su puesto por la exigida «regeneración democrática». Santolaya sumaba ya más de cuatro legislaturas al frente del Ayuntamiento de Villamediana y, en total, más de 32 años formando parte de la corporación municipal.

El regidor dimitió primero de la Alcaldía -después lo haría de concejal- y fue sustituido temporalmente por el hoy portavoz del PP en el Parlamento regional, Jesús Ángel Garrido, hasta que fue nombrado Rubén Gutiérrez. La moción de censura del año 2017 puso punto y final a su cargo.

Tras la renuncia de Santolaya llegaron las acusaciones cruzadas por un presunto delito urbanístico vinculado a la construcción de 20 viviendas ilegales en suelo rústico. El que fuera alcalde de Villamediana durante cinco legislaturas fue llamado a declarar, al igual que una veintena de propietarios de fincas en la localidad.

En agosto de 2020, la juez del Juzgado de Instrucción número 2 de Logroño decretó el sobreseimiento provisional de la causa contra buena parte de la anterior Corporación municipal, incluyendo la alcaldesa, Ana Belén Martínez (PSOE), y el exregidor Rubén Gutiérrez (PP). Por contra, entonces ya estimó que Santolaya pudo incurrir en «un presunto delito de prevaricación administrativa».