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Se reanuda el juicio por la supuesta venta fraudulenta de Emfrisa y el expresidente de Caja Rioja, Fernando Beltrán, ha asegurado este lunes que entró a formar parte del accionariado de Emfrisa invitado por A.G.R., con quien había tenido relación laboral como abogado, y él mismo propuso a otros dos amigos que se incorporaran a la mercantil.
Ha explicado que apenas tenía conocimiento de la marcha del proyecto, salvo que «la cosa iba lenta», pero «nos hicieron una oferta, me dijeron que era muy buena y que nos podíamos ir y me fui». Beltrán había invertido 5.000 euros en la constitución de la sociedad en diciembre del 2006 y poco más de un año después, a su venta, obtuvo 25.000.
También ha negado que viera a la esposa de Muñoz en ninguna de las dos reuniones a las que asistió y que Caja Rioja se planteara participar mientras él estuvo en Emfrisa.
En la misma sesión le han mostrado un documento, que ha dicho desconocer porque "no me informaban de estas cosas". El mencionado informe tenía el membrete de Caja Rioja estaba firmado el 8 de julio de 2008 y en él se decía textualmente: "Que habiendo analizado el proyecto de instalación fotovoltaica de 100 KWn sito en Torremontalbo (La Rioja), con expediente ante la Administración del Gobierno de La Rioja y la documentación aportada al mismo, ... esta entidad manifiesta que, a esta fecha, a su juicio, EMFRISA cuenta con la suficiente solvencia económica y disposición de recursos financieros para llevar a buen fin y término el proyecto. Este documento no constituye fianza o aval”.
Respeto del valor de este documento, ha explicado que "si no es aval no compromete a Caja Rioja, es como decir que tiene solvencia en ese momento".
Otro de los testigos, socio inicial de Emfrisa, ha dicho que «jamás» escuchó que la sociedad fotovoltaica riojana tuviera apoyo institucional. Así lo ha indicado este lunes durante la sexta jornada de una vista oral que desde el pasado día 27 sienta en el banquillo de los acusados al exconsjero Juan José Muñoz, su esposa, C.M.C. y otros tres procesados A.G.R., A.G.C. y I.M.A.
Este mismo testigo ha explicado que se incorporó al capital social de Emfrisa invitado por A.G.R.. «Creo que todos los que nos metimos en la inversión fue porque estaba avalada por el Gobierno, porque la compra de producción de energía tenía unas condiciones muy buenas hasta que dejó de tenerlas», ha explicado, en referencia a las generosas primas previstas por un real decreto aprobado por el Ejecutivo central.
Respecto de Emfrisa, ha señalado que «había un dossier en el que se detallaban las características del proyecto, se hablaba de unos 23 o 24 millones de euros y de que se iba a constituir un capital social de 125.000 euros porque parecía que en ese momento sobraba financiación, todos sabíamos que era con Caja Duero«.
Pero lo mismo que entró salió porque «nos pareció una oportunidad, multiplicar por cinco la inversión en un año era goloso, no teníamos riesgos ni que soportar financiación, lo pensamos y vimos que todos estábamos en las mismas circunstancias y la gente estaba por vender y nosotros también«. Se había constituido la sociedad en diciembre del 2006 y la venta se concretó a primero del 2008.
El exconsejero Juan José Muñoz (1997-2011) se enfrenta a una pena de cinco años y nueve meses de cárcel y a una multa de más de seis millones de euros por la presunta venta fraudulenta de la sociedad fotovoltaica Emfrisa a la mercantil leridana Bellomonte. Junto a él están siendo juzgados su mujer C.M.C., quien, según el fiscal, le representó en la operación, un empresario de su confianza, A.G.R., y el apoderado y letrado de la empresa catalana A.G.C., e I.M.A., respectivamente. Todos ellos supuestamente implicados en un entramado que perseguía la creación de una sociedad fotovoltaica para su posterior venta aprovechando el generoso régimen retributivo que, para favorecer este tipo de energías, promovió el Gobierno central.
Las suculentas primas tenían fecha de caducidad de ahí que, según la acusación, entraran en juego autorizaciones administrativas. Según el escrito de calificación del fiscal, el extitular de Hacienda en sucesivos gobiernos de Pedro Sanz «decidió y tuteló» la creación de la sociedad mercantil Empresa Fotovoltaica Riojana SA (Emfrisa) con el propósito de construir una instalación de grandes dimensiones de producción de energía de origen solar fotovoltaico.
De acuerdo con el fiscal, la planta se instalaría en Torremontalbo y podría beneficiarse del régimen retributivo establecido por sendos decretos, que obligaba a Iberdrola a comprar la electricidad y a pagarles, como productores de energía, un precio superior al 575% al de la tarifa eléctrica media. La elevada rentabilidad favorecería la venta de la instalación por unos 25 millones de euros. Como Muñoz, por incompatibilidad legal con el cargo de consejero de Hacienda, no podía figurar en la operación, «se valió de terceras personas», aunque también intervino en persona para «eliminar dificultades» con las autorizaciones.
El Ministerio Público acusa al extitular de Hacienda de estafa, blanqueo de dinero y tráfico de influencias en la operación de traspaso de la sociedad Emfrisa y reclama cinco años y nueve meses de prisión y una multa de seis millones. Para la mujer de Muñoz, C.M.C., el fiscal reclama un pena de cuatro años de cárcel y más de 276.000 euros de multa por los presuntos delitos de estafa y blanqueo de capitales. Para A.G.R. solicita una pena de cinco años de cárcel y más de 276.000 euros de multa por los mismos delitos que la anterior y para A.G.C. y I.M.A. pide tres y dos años de cárcel y multa de 3.000 euros para el primero y de 2.400 para el segundo por una supuesta estafa. Demandan también que entre todos indemnicen solidariamente a Bellomonte en más de 1,6 millones de euros.
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