Un testigo asegura que advirtió la presencia de un familiar de un cargo político en el expediente de Emfrisa

Preguntada acerca de si le consta que hubiera presiones para acelerar la tramitación del expediente de Emfrisa dentro de la consejería, ha señalado que no, pero, "si existió algo de eso yo no lo llamaría presiones, sino sugerencias, cuando cualquier político tiene interés personal en determinado asunto pide al funcionario que lo acelere, pero no porque exista algo turbio".

A su juicio, tampoco detectó ninguna anomalía en el expediente de la mercantil riojana. Esta funcionaria, según ha relatado, firmó la resolución porque desde el punto de vista jurídico y económico, del que se ella se encargaba, no "existía criterio para no hacerlo", aunque, al parecer, sí lo había desde el punto de vista técnico como así lo reflejó el compañero que se encargaba de este aspecto. No obstante, "esto no quiere decir que la persona que deba resolver deba tener ni mi criterio ni el de mi compañero", ha afirmado. Finalmente se firmó y se cerró así la tramitación administrativa.

Otro funcionario de Industria, jefe de sección, ha indicado que le tocó este asunto de forma tangencial puesto que firmó la propuesta de resolución para la construcción del parque solar de Torremontalbo por la ausencia del funcionario que habitualmente lo hacía. Un trámite que ha reconocido que hizo sin comprobar los documentos, como tampoco, al parecer, lo hizo el empleado público competente que legalizaba las instalaciones de este tipo en el 80% de los casos, pero en este caso no lo hizo porque se encontraba de vacaciones del 3 al 9 de septiembre del 2008.

Ha indicado que no advirtió "ninguna irregularidad" porque "mi intervención fue puntual al firmar por ausencia al hacer la autorización de puesta en servicio". En cualquier caso, tampoco tuvo constancia de que hubiera alguna anomalía en la tramitación.

Precisamente, el funcionario que no trabajaba los días en los que se firmó la resolución de Emfrisa, ha señalado que en este documento aparece su nombre y "mal está porque tenía que haber firmado él". No obstante, como firmaba el 80% podía tratarse de un documento modelo.

Respecto al motivo por el que se partieron en 35 las instalaciones de Emfrisa en el parque de Torremontalbo, ha explicado que era por una cuestión económica, era un requisito para poder acogerse al generoso régimen de primas del Real Decreto 436/2004 que, incentivando la generación de energía eléctrica de fuentes renovables (lo que se conoce como 'Régimen Especial'), obligaban a la compañía eléctrica (en este caso, Iberdrola) a comprar la electricidad y a pagar a los productores de energía un precio superior en un 575% al de la tarifa eléctrica media o de referencia del coste de producción de energía a partir de otras fuentes.

También ha señalado que no detectó ninguna irregularidad en el expediente. "Es una tramitación que se llevó como otras, no le dieron una tramitación acelerada, se hizo lo mismo que con todas para que entraran en el régimen especial".

El Ministerio Público acusa al extitular de Hacienda de estafa, blanqueo de dinero y tráfico de influencias en la operación de traspaso de la sociedad Emfrisa y reclama cinco años y nueve meses de prisión y una multa de seis millones. Para la mujer de Muñoz, C.M.C., el fiscal reclama un pena de cuatro años de cárcel y más de 276.000 euros de multa por los presuntos delitos de estafa y blanqueo de capitales. Para A.G.R. reclama una pena de cinco años de cárcel y más de 276.000 euros de multa por los mismos delitos que la anterior y para A.G.C. y I.M.A. pide tres y dos años de cárcel y multa de 3.000 euros para el primero y de 2.400 para el segundo por una supuesta estafa. Demandan también que entre todos indemnicen solidariamente a Bellomonte en más de 1,6 millones de euros.