«Tememos más desalojos y no hay viviendas de alquiler social»

Así lo advierte el portavoz de este colectivo, Pedro Pablo Rodríguez Pinilllos, quien pone el acento en «el bloqueo de la Ley de Vivienda», que está impidiendo «el cumplimiento» del derecho recogido en la Constitución.

Rodríguez Pinillos explica que la moratoria «sí ha servido en parte» para frenar los desalojos, pero «se han seguido produciendo desahucios por impago de alquiler» y «siempre tenemos algún caso» en la Plataforma.

Y el fin de esta medida, si el Gobierno no la vuelve a ampliar, les genera «preocupación», máxime teniendo en cuenta que «la situación, lejos de mejorar, está empeorando», y que «la administración no dispone de medios (viviendas de alquiler social) para realojar a los afectados». Así que «la gente termina en la calle de todas maneras».

No obstante, la moratoria es «sólo un parche» y la solución que sigue reclamando la PAH es «una Ley nacional que de verdad garantice el derecho a la vivienda». La propuesta que se ha planteado «lleva atascada en el Gobierno un montón de tiempo» y, además, «no cumple las expectativas que teníamos depositadas en un supuesto Ejecutivo progresista». Entre otros motivos, porque «no obliga a los grandes tenedores a ofrecer un alquiler social en caso de impago y no se habla nada de limitar los precios de los alquileres».

La PAH también alerta de un aumento de los lanzamientos por impago de las hipotecas por las subidas de los tipos de interés. En este sentido, Rodríguez Pinillos recuerda que «hay un código de buenas prácticas que se sacó en 2012, pero ha quedado ya obsoleto y debería actualizarse». «Se supone que el Gobierno y los bancos están en ello, para que pueda cubrir a gente con esta necesidad de aplazar los pagos de los préstamos, pero –lamenta– tampoco somos muy optimistas con lo que quieren hacer los bancos, porque buscan el beneficio propio».

Para estos casos también es necesario, en su opinión, desplegar una red pública de viviendas de alquiler y, asimismo, «actualizar» el umbral de ingresos que se tienen en cuenta en los impagos porque los que siguen vigentes según aquel protocolo son «los hace diez años».

Por último, la Plataforma persiste en su demanda de «que exista la dación en pago, para que el banco se quede con la vivienda y el propietario tenga opción de realojarse en un piso con un alquiler social».