«El teletrabajo se ha regulado en tres meses y las prisas no son buenas»

–Creo que sí. A diferencia de lo ocurrido en otros países, que ya han adaptado las relaciones laborales a la economía digital, en España lo único que teníamos era una modificación en el 2012 del Artículo 13 del Estatuto de los Trabajadores sobre el trabajo a distancia. De la noche a la mañana nos encontramos con el coronavirus y el Gobierno dictó un decreto-ley en marzo estableciendo que el trabajo a distancia tenía carácter preferente y, al mismo, que se entendía cumplida la obligación de efectuar la evaluación de riesgos. Y el teletrabajo los tiene por el uso de las tecnologías. Francia reguló el derecho a la desconexión digital y en el 2018 se introdujo en España en la Ley de Protección de Datos. Lo bueno que tiene la norma aprobada recientemente es que es fruto de diálogo social, pero uno de sus inconvenientes es que está negociada con una visión de grandes empresas, cuando la inmensa mayoría del tejido empresarial español está conformada por pymes, y la norma remite su desarrollo a la representación sindical de la que carecen muchas pymes porque no llegan a diez trabajadores. El segundo inconveniente es que abusan de conceptos jurídicos que no han sido detallados y que pueden generar dudas.

–¿Por qué no se ha sido más ambicioso?

–En el decreto del año pasado que, entre otras cuestiones, reguló el registro de jornada, una de sus disposiciones finales recogía el compromiso del Gobierno de crear un comité de expertos sobre el teletrabajo. Pero de esa propuesta nos hemos encontrado con la regulación actual, que se ha negociado en tres meses, y las prisas no son buenas consejeras. Pero esto va mucho más allá de teletrabajo. El Estatuto de los trabajadores data de 1980 y es necesario actualizarlo a la realidad del siglo XXI.

–De forma paralela, se ha regulado el teletrabajo para los empleados públicos.

–Se ha hecho así porque mientas la legitimidad en el sector privado la tienen UGT y CCOO, en el caso del sector público, le corresponde a CSIF. Lo razonable, en mi opinión, hubiera sido disponer de una norma única, ya que trabajadores por cuenta ajena hay tanto en la empresa privada como en la administración pública.