La tecnoestructura

El tamaño de la Administración importa. En toda coyuntura y, sobre todo, en momentos de crisis. Como la actual, donde se observa una muy razonable reivindicación del sistema público en toda su extensión, de la sanidad a la educación, pasando por los servicios sociales o los que prestan las fuerzas de seguridad. Porque gracias a quienes se desempeñan en el sector público el virus se ha contenido y el conjunto de la actividad, sin interrumpirse nunca del todo, recobrado su pulso. Pero el seísmo sanitario que ha encontrado réplicas en todos los ámbitos productivos merece también una meditación general sobre hasta qué punto puede soportar la sociedad española la dimensión actual de la actividad burocrática. Porque mientras una sangría económica golpea la vida de trabajadores por cuenta propia y ajena, y lo que te rondaré, el edificio público permanece tal cual lo encontró la crisis. Sin merma salarial ni recortes de ningún tipo, en abierta contradicción con el resto del paisaje laboral. Ahí al menos la clase política sí es consecuente: como ninguno de sus miembros juzgó oportuno adoptar en su propio pellejo sacrificio retributivo alguno, tiene un desolador sentido que tampoco lo hayan reclamado de sus subordinados. Acuerdo abrumador de todos los partidos: ninguno se toquitea la nómina.

El Ministerio de Política Territorial publica cada mes de enero el Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas; según su última actualización, España contaba a principios de este año con 2,6 millones de trabajadores públicos. A ese total, La Rioja aporta la cantidad de 17.015 empleados; de ellos, 11.645 integran la Administración autonómica, de acuerdo con una lógica de alcance nacional: dos de cada tres funcionarios españoles desempeñan hoy su trabajo en la esfera regional. Pero no es tan curioso el dato global como su evolución, que traza un curso ajeno a la realidad: en el 2005, los años previos a la gran crisis, a cargo del Palacete cobraban en La Rioja su nómina 9.095 personas, una cifra que no dejó de crecer en medio de una hecatombe económica sin precedentes. ¿Tiene sentido? El modelo de Administración riojana, en cuya cúspide por cierto sobreviven funcionarios que deben toda su carrera al anterior Gobierno riojano (y al anterior del anterior), ¿se rige por los principios de racionalidad, eficiencia y ahorro? ¿Que de los 816 funcionarios con que cuenta el Ayuntamiento de Logroño más de 200 sean policías tampoco le escandaliza a la actual Corporación?

Se trata de preguntas de alcance planetario, que responderá el paso del tiempo. En Francia, con ocasión de las municipales del domingo, renació el debate alrededor del concepto de tecnoestructura, aquel invento que acuñó el economista J. K. Galbraith para describir al conjunto de analistas que dentro de cualquier organización se encargan de planificar y controlar su trayectoria económica. Con los años, ese concepto viajó desde las entrañas del sector privado al ombligo de la estructura pública, con acusada incidencia en el país vecino, lo cual parece pertinente: en Francia se inventó la 'grandeur', una alta idea de uno mismo de índole bonapartiana que sirve tanto para explicar por ejemplo los fastos de Versalles como la nube de funcionarios que acompañan a cada titular del Palacio del Elíseo, desde De Gaulle a Macron. Ese faraónico estilo de ejercer el cargo, tan imitado, que exige una ingente cantidad de funcionarios a cargo del presidente de turno. Una completa tecnoestructura que se compadece mal con el escenario de estrecheces en que viven España y La Rioja. Donde todo apunta que se dejará pasar de nuevo la ocasión de repensar su entramado funcionarial. Donde más es demasiadas veces menos.