El TC estudiará la supresión de funciones de la Junta de Portavoces del Parlamento

De momento, el Alto Tribunal ha admitido a trámite la demanda solicitando a la Cámara regional que le envíe toda la documentación sobre las resoluciones adoptadas, que no solo afectan a la reforma reglamentaria, sino también a plenos y comisiones convocadas sin concurso de la junta de portavoces y que sirvieron para aprobar leyes tan importantes como la de Presupuestos 2023, la de Medidas Fiscales y Administrativas del mismo ejercicio o las de Juventud y la Declaración del Parque Natural del Alto Najerilla. De hecho, el recurso de amparo pide al Constitucional la anulación de todas ellas.

Como antecedentes, Raquel Romero fue expulsada de Podemos por no pagar la cuota a su partido y se convirtió en tránsfuga, motivo por el que fue desterrada del Grupo Mixto para convertirse en diputada no adscrita. En ese momento, las fuerzas afines al Gobierno (PSOE-IU) perdieron su mayoría en la Junta de Portavoces al quedar empatados con PP y Ciudadanos, mientras que sí mantenían la mayoría en la Mesa.

Así las cosas, al verse en minoría en la junta –cuya misión, entre otras, es acordar con el presidente del Parlamento los órdenes del día de los plenos–, PSOE e IU decidieron impulsar una reforma exprés del Reglamento de la Cámara, para quitarle todas las competencias más importantes, con lo que quedaba así reducida a la condición de mero órgano consultivo sin relevancia alguna.

Adolfo Alonso (Zueco Abogados) elevó, a instancias del PP, el recurso de amparo al Constitucional, en el que solicita además que se declaren nulos todos los acuerdos parlamentarios en los que se omitió a la junta: «Para mí, está claro que se modificó el reglamento por conveniencia de determinados grupos parlamentarios, más allá de que sea otro grupo político el que se dirigió a nosotros». «Entendemos claramente –continúa– que hay vulneración de derechos, ya que los partidos también tienen que estar sujetos al cumplimiento de unas reglas».

Aunque no hay sentencia todavía, el Constitucional admitió en el año 2022 solo el 1,8% de los recursos de amparo que se presentaron, lo que, para Adolfo Alonso, es muy «significativo» de las posibilidades del recurso.