El acusado de venta de droga a gran escala niega que formara parte de ningún grupo criminal

Así lo ha declarado A.G.A. este martes durante la primera sesión de juicio que se sigue desde este martes en la Audiencia Provincial de La Rioja contra veinte acusados de los presuntos delitos contra la salud pública y pertenencia a grupo criminal por los que el fiscal reclama penas que van desde los tres años y medio a los once años de cárcel y multas de hasta los 2,5 millones de euros.

A preguntas de su abogado, A.G.A., para quien el Ministerio fiscal solicita una de las penas más altas, ha manifestado que no ha tenido relación «ni de manera directa ni indirecta con la venta de estupefacientes». Ha negado contactos con el supuesto cabecilla de la red en la región, V.V. salvo para venderle dos vehículos.

Sobre las escuchas telefónicas interceptadas por la UDYCO, en las que se decía: «¿6, siete, ocho años, diez?» ha señalado que se refería a lo que V.V. le debía por la compra de los coches. «Tenía una relación de la venta de dos coches y ya está», ha insistido. «Ninguna de las conversaciones tenía relación con las drogas».

Una vez concluida su declaración y a petición de su abogado que ha alegado motivos de salud, el tribunal ha accedido a que el suministrador a gran escala, asentado en Cantabria y el País Vasco, no intervenga en más sesiones del juicio. En prisión provisional en régimen domiciliario, ha sido el único de los procesados que ha permanecido en la sala de vistas. Para el resto se les ha habilitado un espacio en el pasillo de los juzgados donde han podido seguir su propio juicio a través de una pantalla.

J.A.H. quien, según el fiscal, centralizaba su actividad de tráfico en su domicilio de Lardero, se ha confesado consumidor, pero no traficante. «Yo no he vendido nunca, siempre he consumido con otra gente».

Ha admitido que a su domicilio acudía mucha gente, pero a fiestas que organizaba casi todos los fines de semana. Ahí consumían en común sustancias estupefacientes. «Empezaba la fiesta el viernes y hasta el lunes», ha relatado. En ese consumo conjunto había habituales, «pero también otros esporádicos».

Salvo a cuatro acusados, al resto los ha conocido en la cárcel. Compraba las sustancias que consumía «con lo que podía» porque, según ha señalado, «cobraba una pensión de 450 euros».

Preguntado por si otro de los procesados a quien sí conocía D.S.F. tenía un laboratorio de drogas sintéticas, ha respondido: «¿Fabricar drogas sintéticas? Me extraña mucho, eso en la tele, no creo que sea tan fácil. A veces comprábamos a medias porque teníamos vicio, pero nada más».

Antes de la declaración de los testigos, varios de los abogados durante la exposición de las cuestiones previas han pedido la nulidad del auto que dio lugar a las primeras escuchas telefónicas y, consecuentemente, a las siguientes ampliaciones de las intervenciones. Han recurrido a la doctrina de 'los frutos del árbol envenenado', que es la teoría que sostiene que cualquier prueba que directamente o indirectamente y por cualquier nexo se pudiera relacionar con una prueba nula debe también considerarse nula.

Uno de los letrados ha sido especialmente crítico con la investigación llevada a cabo por la UDYCO que «deja mucho que desear porque no se investigan las titularidades reales de los teléfonos y se sacan opiniones de los 'pinchazos' telefónicos».

El juicio ha arrancado este martes con solo uno de los acusados en la sala y el resto instalado en uno de los pasillos siguiendo la vista a través de un monitor, después de que ayer los abogadas presentaran una queja formal porque la sala no reunía las condiciones de seguridad sanitaria frente al COVID.

De acuerdo con el escrito de acusación, las pesquisas comenzaron después de que el Grupo UDYCO de la Brigada Provincial de Policía Judicial de la Jefatura Superior de Policía de La Rioja recibiera informaciones sobre la posible existencia de un punto de elaboración, venta y distribución de sustancias estupefacientes sintéticas, principalmente sulfato de anfetamina (speed) y metanfetamina, en un inmueble de Lardero.

Iniciada una investigación al respecto, los funcionarios policiales adscritos al Grupo contactaron con vecinos de la zona, quienes habían percibido olores a productos químicos que procedían de dicha vivienda y habían observado entrar allí, y salir al poco tiempo, a numerosas personas.

Fruto de la investigación y de las intervenciones, se destapó todo un entramado de venta de drogas que extendía sus tentáculos por varios municipios de La Rioja, Navarra y Álava y que contaba con un laboratorio de drogas sintéticas en la localidad alavesa de Labraza.

El juicio continuará este miércoles con la declaración del resto de los acusados