Trata de seres humanos en la vendimia riojana

Como resultado de las investigaciones se ha procedido a la identificación de un total de 30 víctimas de origen portugués, trabajadores agrícolas que estaban en condiciones precarias, varios sin estar dados de alta en la Seguridad Social.

Esta operación se enmarca dentro de la actuación conjunta que desarrollan la Guardia Civil, la Policía Judiciaria y el Servicio de Extranjería y Fronteras (SEF) de Portugal para prevenir y perseguir los delitos relacionados con la Trata de Seres Humanos y Contra los Derechos de los Trabajadores, y de dar protección a las víctimas que trabajan en labores agrícolas en la Comunidad Foral de Navarra y La Rioja.

Durante la investigación se ha podido determinar como los presuntos autores captaban a sus víctimas en Portugal, en entornos sociales extremadamente vulnerables, ofreciéndoles unas condiciones de trabajo aparentemente atractivas. Posteriormente las trasladaban hasta Navarra y La Rioja para realizar labores agrícolas en las diferentes campañas, en unas condiciones precarias y vulnerando muchos de sus derechos laborales.

Según detalla la Guardia Civil, «las condiciones de trabajo detectadas incluían jornadas laborales muy superiores a los estándares regulados y con un sistema de remuneración en el que uno de los detenidos, conocido como el 'Patrono', recibía el total de los jornales, siendo él mismo el que realizaba el reparto una vez finalizaba la temporada, descontando la parte que el consideraba propia por el alojamiento y la manutención».

Los agentes han confirmado cómo alguno de los empresarios vinculados con el 'Patrono' conocía presuntamente la dinámica delictiva, prestándose a contratar a los trabajadores, a sabiendas de las condiciones descritas.

Entre las víctimas había una menor portuguesa de 16 años de edad. Otra víctima (también de origen portugués), que llevaba en España 10 años, fue «vendida» por una cantidad de dinero a uno de los detenidos.

El 'Patrono' contaba con varias personas, de nacionalidad portuguesa, que realizaban labores de control sobre las víctimas en los lugares donde pernoctaban, donde estaban hacinados y en condiciones totalmente insalubres y antihigiénicas. Estos alojamientos se ubicaban en las localidades de Alcanadre y Bergasa y donde según manifestación de las propias víctimas, en tres o cuatro habitaciones podían pernoctar más de 25 personas, por las cuales el «Patrón» les cobraba la cantidad de 20 euros/día a cada uno de ellos por la comida y el precario alojamiento.

La operación TARANIS ha sido desarrollada por miembros de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Navarra, que han contado con el apoyo de la Inspección de Trabajo de España y de la Fiscalía de la Comunidad Foral de Navarra.