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Martes, 20 de agosto 2024, 09:49
Engañaban a su compatriotas portugueses, buscando a los más vulnerables: gente en riesgo de exclusión social, sin redes famliares importantes en España, a veces dependientes del alcohol o las drogas. Les prometían un trabajo en España y los traían a vivir a una casa en La Rioja.
Y desde ahí... Las condiciones del alojamiento eran «deplorables», con una pésima higiene y salubridad, mercadeaban con su labor en el campo y, además, se quedaban con gran parte de su sueldo.
Lo cuenta hoy la Guardia Civil riojana. Agentes del cuerpo han detenido a una madre y a su hijo, de 74 y 55 años respectivamente, naturales de Portugal y residentes en La Rioja, a los que adjudican un delito contra el derecho de los trabajadores.
Las víctimas captadas en Portugal por los detenidos son tres varones y una mujer, con edades comprendidas entre los 38 y 58 años. Fue la mujer la que acabó denunciando la situación a mediados de febrero. En su relato, contaba cómo su casera se quedaba con «prácticamente la totalidad del dinero» que ganaba trabajando para agricultores y viticultores.
Según cuenta la Guardia Civil, la pareja detenida ofrecía a sus «semiesclavos» a agricultores riojanos. Estos lo contrataban cumpliendo, según la nota del cuerpo de seguridad, con la normativa estipulada en el mercado laboral.
Pero una vez que los contratantes pagaban el sueldo de las víctimas, mediante el ingreso en sus cuentas bancarias o con un cheque, el hijo de la detenida las llevaba a una sucursal bancaria de Logroño para que retiraran el dinero. Luego la madre se quedaba con el dinero dejando a las víctimas sin salario tras descontarles los supuestos gastos de alojamiento, manutención, tabaco, alcohol y transporte a sus trabajos.
Los detenidos controlaban hasta el acceso a la comida de las víctimas. Durante el registro domiciliario, los agentes constataron que la nevera se encontraba cerrada con un candado, y comprobaron las deficientes condiciones de habitabilidad e insalubridad de las habitaciones en las que pernoctaban las víctimas.
Las diligencias instruidas, junto con los detenidos, han sido puestas a disposición de la autoridad judicial.
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