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Durante cuatro meses, la Guardia Civil y la Agencia Tributaria siguieron todos los pasos que daban los miembros de una red criminal hispano-asiática en La Rioja, Jaén y Ciudad Real. El objetivo era trazar una completa radiografía de cómo actuaban, qué papel desempeñaba cada uno de ellos y como habían sido capaces de poner en marcha una de la mayores redes de elaboración y distribución ilegal de whisky en España. Hace una semanas, cuando 300.000 botellas de una conocida marca escocésa (la tercera más vendida en el mundo) estaban listas para salir de los almacenes del grupo, la Guardia Civil y la Agencia Tributaria desactivó los planes de la banda criminal.
No eran novatos. La mayor parte de los 17 detenidos –con edades comprendidas entre los 37 y los 52 años– tenía antecedentes. Muchos por delitos graves, informó el portavoz de la Guardia Civil que, sin ser exhaustivo, detalló la la extorsión, la pertenencia a grupos paramilitares, la trata de seres humanos y la posesión de armas, entre otros delitos.
En La Rioja, la figura clave del grupo era una firma vinculada al sector de la distribución de bebidas alcohólicas ubicada en La Rioja Baja (la Guardia Civil ha preferido no hacer pública la localidad concreta). Allí, en una nave industrial, un clan familiar había desplegado la logística necesaria para destilar el whisky y proceder a su embotellado.
Tan importante como la sede de La Rioja era la primera base de operaciones del grupo. Ubicada en la provincia de Ciudad Real y dirigida por un empresario asiático, era el lugar de recepción de todo el material falsificado procedente de China: botellas, tapones, etiquetas, contraetiquetas e incluso precintos fiscales que daban apariencia legal a la falsificación. Parte del material llegaba a La Rioja para preparar el producto.
El último paso, el que según la Guardia Civil no llegaron a completar (o si lo hicieron fue de manera insignificante) era el de comercializar el whisky falsificado. Para eso, las botellas ya llenas regresaban a Ciudad Real en donde la banda procedía al etiquetado. Para su venta, la facción riojana del grupo criminal tenía «una línea de distribución en la provincia de Jaén», según la Guardia Civil, que sospecha que el objetivo de la banda era vender el producto en el sur de España.
Todos los detenidos pasaron a disposición del Juzgado de Instrucción 3 de Calahorra acusados, entre otros, de los delitos de pertenencia a organización criminal, falsificación de efectos timbrados, contra la Hacienda Pública, contra la propiedad industrial y contra la salud pública.
Los planes de la banda criminal desarticulada por la Guardia Civil y la Agencia Tributaria pasaban por inundar el mercado del sur de España con whisky falsificado. Las grandes cifras de la operación confirman sus pretensiones. Cuando los agentes irrumpieron en sus tres bases de operaciones, hallaron 300.000 botellas falsificadas de buena calidad, además de las correspondientes etiquetas y contraetiquetas de la conocida marca escocesa. Junto a ellas, la organización también había importado desde China más de 171.000 precintos fiscales falsos, otras 18.400 cápsulas para las botellas y 27.000 cajas de cartón con el logotipo impreso de la marca de destilados. Además, el grupo tenía en reserva 9.550 litros de alcohol a granel listo para continuar produciendo whisky en La Rioja, 11.200 litros de licor ya elaborado y a la espera de ser embotellado en diferentes depósitos y otros 36.460 litros ya embotellados.
Las estimaciones de la Guardia Civil apuntan que prácticamente no pudieron colocar en el mercado nada del producto falsificado, pero de haberlo conseguido el daño a la marca (solo el económico) hubiera sido considerable. La valoración de los investigadores sostiene que habría ascendido hasta los 3.810.000 euros, a los que suman otros 800.000 euros de fraude a las arcas públicas.
«Es una demostración de los buenos resultados que se obtienen del trabajo coordinado entre diferentes cuerpos que ha permitido desmantelar una de las mayores redes de elaboración y distribución ilegal de whisky en España», sostuvo María Marrodán, delegada del Gobierno en La Rioja, que agradeció el trabajo realizado por todos los implicados en la operación.
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