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El aparcamiento del CIBIR y sus vicisitudes judiciales han centrado la comparecencia de la consejera de Salud, María Somalo, en el Parlamento de La Rioja. Ha asegurado que el aparcamiento «nunca fue un negocio, sino una ruina» y ha recordado la cronología del estacionamiento desde ... su génesis, en julio de 2005, hasta el día de hoy, cuando el procedimiento de extinción del contrato se mantiene vivo a la espera de una sentencia del Tribunal Supremo. En medio, el Gobierno de La Rioja ha abonado a Aparcamientos CIBIR S.L. más de 5,4 millones de euros en concepto de indemnización por no cumplirse las previsiones económicas establecidas en el contrato. Y en el horizonte, una reclamación de la empresa en la vía contencioso-administrativa por la que la empresa exige 24,19 millones de euros a Salud.
La consejera se ha amparado en los dictámenes del Consejo Consultivo de La Rioja para justificar que la extinción del contrato y el posterior desahucio de las instalaciones del parking «se tramitaron correctamente» y estuvieron justificadas en pos de «un interés público y social».
La intervención de Somalo ha alegrado al Partido Popular porque, en palabras de María Martín, «por fin el PSOE reconoce que todo el procedimiento ha sido legal tras cuatro años de algaradas en la calle y llevándolos a la Fiscalía», además de admitir que «el rescate lo inició el Gobierno anterior y fue correcta». «Estamos preocupados porque hay una sentencia que anula el acto de la consejera Alba tras el dictamen del Consejo Consultivo y hay otra revocación que dice que no se ajusta a derecho. El Gobierno de La Rioja ha subrogado a los trabajadores y eso puede crear problemas en la reclamación de la empresa», ha explicado Martín.
Mientras, el parlamentario socialista Raúl Díaz ha hablado de «una patata caliente» que nació con el PP y con un contrato que atribuía «toda la falta de rentabilidad a la Fundación Rioja Salud y eso no es cuidar lo público».
Para Pilar Rabasa (Ciudadanos) lo sorprendente es que los servicios jurídicos del Gobierno regional, a los que ha calificado de «potentes», presenten procedimientos que son «rechazados», además de preguntarse «quién va a pagar la fiesta» y qué pasa con los trabajadores.
Por último, Henar Moreno (IU) se ha lamentado del error judicial al no saber «quién es el competente». «Pero apostamos por la recuperación de los servicios y debemos denunciar un contrato que se hizo para reestablecer un supuesto equilibrio presupuestario que es que la empresa privada cobre y los riojanos paguemos», ha apuntillado. «Regalar millones a la privada entra dentro de la legalidad y es lo que ha hecho el PP», ha replicado Moreno a Martín.
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