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M. J. GONZÁLEZ
LOGROÑO.
Jueves, 13 de octubre 2022, 02:00
El secretario general de la patronal de Construcción, Promoción y Afines de La Rioja (CPAR) –asociación integrada en la FER–, Juan Ramón Liébana, asegura que, con ser «preocupante» la cifra de licitaciones de obras públicas que se quedan desiertas, el problema añadido es que «algunas ... de las que ya están en marcha se van paralizando» por «la imposibilidad» de las empresas de «acogerse a cláusulas de revisión de precios». A su juicio, Comunidad y ayuntamientos deberían mostrar «flexibilidad» ante esta crisis de materias primas y precios, porque, de lo contrario, «si no nos ayudan a capear el temporal esto puede llevar al hoyo a muchas empresas».
Liébana recuerda que los materiales se han encarecido «el 33% de promedio en los últimos meses» y «si haces una obra con un 33% de pérdida, aparte de que ya la suelen adjudicar con una bajada de precios, eso es 'morir' y, lógicamente, las empresas no se presentan». «Es que no sale a cuenta», dice. Pero a ello se suman «las penalizaciones por retrasos en los plazos de ejecución», cuando «si te faltan materias primas para continuar trabajando es un factor totalmente ajeno a nosotros». O, en el peor de los casos, que «llegue un momento en el que tengas que abandonar el proyecto, que es lo que ya está ocurriendo».
En este sentido, el secretario general de la CPAR no puede cuantificar cuántas obras públicas se encuentran en esa coyuntura, «ya que no existen registros que las contabilicen». Pero incide en que las administraciones son «conscientes» de que «es una realidad», de ahí que les reclame «ser flexibles» y adaptarse a la situación.
Juan Ramón Liébana | Secretario general de la CPAR
En concreto, los promotores y constructores riojanos demandan que la revisión de precios sea «real», ya que el mecanismo en vigor (un decreto del Gobierno de España al que se adhirió el de La Rioja) «solo está pensado para las grandes obras e infraestructuras viarias y ferroviarias, no para las pequeñas, que son las que se ejecutan en la comunidad». «Los ingenieros del Ministerio de Transportes lo hicieron pensando en ADIF», enfatiza.
También «que se amplíe» el catálogo de materias primas que se pueden utilizar en la obra y sobre las que se aplique esa actualización de precios, y eliminar las penalizaciones por retrasos provocados por causas ajenas a la adjudicataria y por abandono de la ejecución de obra: «Estamos ante una cuestión excepcional».
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