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Dos trabajadoras y 69 residentes. Era la proporción de personal que había, por número de usuarios, en la residencia psicogeriátrica Jardines de Villafranca, en la ... localidad zaragozana de Villafranca de Ebro, en el momento en el que se desató el incendio, en torno a las cinco de la madrugada del viernes, que acabó con la vida de diez personas. Esta ratio «pone en evidencia la escasez de personal de atención directa» en el sector de cuidados, considera la Federación de Sanidad y Servicios Sociosanitarios de CC OO en Aragón, que ve «inconcebible» que la tasa de cuidado sea «insuficiente para los usuarios del sector de la dependencia».
Esta crítica sindical también la hacen las organizaciones riojanas o el PSOE que, además, llevan meses denunciando «incumplimientos» por parte de las residencias y también «escasez de trabajadores», no solo en el turno de noche. Todo ello se agrava con la decisión del Gobierno regional de mantener la exención de penalidades y sanciones a los centros de mayores a pesar de que haya incumplimientos.
Dari Saiz
UGT
Carmen Martínez
CC OO
Aunque en el Ejecutivo autonómico consideran que no es el caso, que «sí se cumplen las ratios y para vigilarlas están las auditorías y las inspecciones». Pero el decreto que está en vigor –desde 1988– no especifica la proporción mínima de trabajadores en función de los usuarios. Sí lo hace el anteproyecto de decreto en el que trabaja el Gobierno y que recoge, por ejemplo, que «durante el turno de noche se garantizará como mínimo la presencia de un gerocultor por cada cincuenta usuarios o fracción».
Pero esta ratio «siempre es de mínimos y resulta completamente insuficiente aunque pueda ajustarse a la legalidad», señala Dari Saiz, secretaria del sector sociosanitario y dependencia de UGT. Porque las empresas que gestionan estos centros de mayores «contabilizan contratos, no trabajadores, y no tienen en cuenta vacaciones, permisos... Así que el resultado es una atención deficiente a los residentes».
El decreto actual «es obsoleto» y las cifras que se manejan en el nuevo «tampoco nos hacen ser optimistas», denuncia Saiz, que también recuerda que «en las inspecciones también hay un ocultismo absoluto».
La secretaria general de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CC OO, Carmen Martínez, también arremete contra las empresas que «se quedan siempre en las ratios mínimas pero no pasa nada por mejorarlos. No les importa ni el exceso de carga que puedan tener los trabajadores ni la consecuencia inmediata, que es una peor atención a los residentes». Porque en las denuncias que se han presentado ante Inspección de Trabajo, «también se recomienda elevar la proporción de personal». Este problema, añade Martínez, «se ve agravado porque no hay enfermeras».
En este sentido, el sindicato Satse incide en que «las plantillas están muy ajustadas a la baja, son escasas, no solo en el turno de noche, y la situación es preocupante», afirma Patricia Mogena, secretaria general autonómica. Lamenta que la atención que han de prestar los profesionales «tanto a los usuarios como a sus familias no pueda ser la mejor por el exceso de trabajo».
Ángel Laspeñas
CSIF
Patricia Mogena
Satse
Y el personal sanitario «se siente en muchas ocasiones indefenso y con la sensación de que no puede hacer bien su labor. En ocasiones, ha habido compañeros que nos transmitido su miedo estando de noche porque se encuentran desatendidos en caso de que ocurra algo grave» como la tragedia de la residencia de mayores de Zaragoza, afirma Ángel Laspeñas, delegado de Sanidad de CSIF.
La exconsejera de Salud y diputada socialista, María Somalo, denuncia también las «ratios insuficientes» y cuestiona la validez de las inspecciones «porque nocturnas no se hacen» y en el resto de casos «la información que se tiene en cuenta por parte de los inspectores es la que les da la empresa, que no siempre coincide con la realidad» en el día a día de trabajo de una residencia. Además, «se rebaja la calificación de falta muy grave a falta leve por el incumplimiento de las ratios de personal», añade. Así, una ausencia de personal «que antes podían suponer una multa entre 800 y 1.600 euros ahora se reduce a una quinta parte, entre 160 y 320 euros».
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