Los sindicatos cuestionan la supresión de la condición de autoridad a los profesores

ANPE y CSIF se oponen, por «desacertada», a la medida del Ejecutivo, mientras CCOO aboga por que el reconocimiento de los docentes sea social

Carmen Nevot

Logroño

Viernes, 1 de octubre 2021, 19:26

La derogación de la ley de autoridad del profesorado, una medida que el Ejecutivo ha incorporado en la Ley que acompaña a los Presupuestos, ... ha caído como un jarro de agua fría entre buena parte de los sindicatos de la enseñanza de la región. A grandes trazos, cuestionan la supresión de una norma con la que los profesionales de la enseñanza podían sentirse amparados, aunque, como ellos mismos reconocen, su eliminación, no tendrá apenas efectos prácticos porque el código civil, al ser funcionarios, ya les reconoce autoridad. El problema, explica Gustavo Navas, presidente de ANPE-Rioja, es que esta ley no solo contempla que son autoridad, sino también que «la administración debe velar por el cumplimiento de las normas de convivencia y dar apoyo al docente».

La noticia no es nueva, el propio consejero Pedro Uruñuela la avanzó en el último pleno del Consejo Escolar de La Rioja, pero «no sabíamos que iba a ser tan rápido ni de esta manera». En cualquier caso, es una medida «totalmente desacertada», señala Navas, y en dirección opuesta a lo que llevan años reclamando desde este sindicato: que la administración desarrolle la ley.

Lamenta que se elimine un marco que tenían los profesores para desarrollar para cuando hay problemas. «Los docentes estamos desamparados, desprotegidos y que yo sepa no se ha sancionado a ninguna familia por este motivo, y que digan que se suprime por su carácter sancionador no tiene ninguna justificación», incide.

En CCOO, el secretario de la Federación de Enseñanza, Pedro Antolín, considera que lo importante es ganar la autoridad socialmente y la administración tiene que dar pasos para que ese reconocimiento sea efectivo.

«Siempre está bien que haya herramientas jurídicas que nos ayuden a llevar a cabo mejor esta defensa del profesorado pero el reconocimiento tiene que ser social», apunta. De ahí que si «la administración lo sigue manteniendo en el decreto de convivencia, perfecto, pero el impulso tiene que venir de la sociedad», insiste.

La CSIF se opone frontalmente a una decisión que, dicen, se adopta sin contar con el consenso de los representantes sindicales y sin que hayan desaparecido ninguna de las causas por las que en su día se aprobó. El Ejecutivo riojano «da una nueva vuelta de tuerca a las condiciones laborales de los docentes riojanos», señalan en una nota. Esta figura confería al docente una protección frente a determinados comportamientos violentos de otros miembros de la comunidad educativa. Entre las ventajas que conlleva esta la presunción de veracidad.

Desde CSIF sostienen que no dudarán en llevar a los tribunales la derogación de esta norma al entender que deja desprotegidos a los docentes y dificulta el ejercicio de la actividad. De acuerdo con un estudio relativamente reciente realizado por este sindicato, el 90% del personal docente identifica y convive con situaciones de violencia en primaria y secundaria.