Más demandas en La Rioja contra el cártel europeo que inflaba el precio de los camiones

Las reclamaciones corresponden a unos 4.500 clientes e implican a más de 34.000 vehículos, según ha informado este viernes el despacho de abogados, que ha señalado que la presentación de demandas se está realizando de manera uniforme en todas las comunidades autónomas.

Según las pruebas periciales que se han efectuado, la indemnización estipulada sobre el precio original de compra por camión, en el ciclo de 14 años del cártel (y sin tener en cuenta el interés legal del dinero desde la fecha de compra de cada vehículo), podría situarse en torno a una media del 16,35 % del precio original.

Las indemnizaciones totales a los afectados en España se estima, atendiendo a estos cálculos, en más de 700 millones de euros.

La prueba pericial aportada por CCS Abogados, que se ha efectuado en coordinación con equipos técnicos de otros países, es el resultado de cuantificar los sobrecostes causados por el cártel de fabricante de camiones a los transportistas utilizando dos métodos econométricos.

Este proceso legal se inició en 2016, cuando la Comisión Europea (CE) anunció la imposición de una multa de más de 3.800 millones de euros a los seis principales fabricantes de camiones: DAF, Daimler-Mercedes, Iveco, Renault-Volvo, Scania y MAN.

Esta última firma se acogió al programa de clemencia y quedó excluida de la multa por haber denunciado las prácticas infractoras del cártel.

La sanción fue impuesta por la CE al grupo de fabricantes por haber pactado los precios de venta de los camiones entre 1997 y 2011, por haber obstaculizado la introducción de nuevas tecnologías en materia de emisiones y por haber repercutido a los compradores los costes de aplicación de dichas tecnologías.

En Alemania ya se dictaron durante 2018 las primeras sentencias y ocho de los nueve fallos de tribunales alemanes especializados en Derecho de la Competencia han sido favorables a los demandantes.

Los afectados españoles por los pactos de precios entre los mencionados fabricantes deberán acudir a los juzgados de lo Mercantil de sus provincias y el proceso, presumiblemente, acabará en las audiencias provinciales, ha indicado CCS Abogados, que no descarta que algunos casos puedan llegar al Tribunal Supremo.