El servicio de videovigilancia, solo en los casos en los que se pueda producir un delito

Para ello, tienen que pedir permiso a la Delegación del Gobierno en La Rioja y argumentar muy bien los motivos por los que necesitan este sistema de videovigilancia, ya que los ciudadanos están protegidos por la Ley de Protección de Datos y no se les puede grabar si no hay un fundamento justificado. Una vez presenten la solicitud, serán los miembros de la Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) los que valorarán si resulta conveniente instalar o no estas cámaras, así como su ubicación, en función de si hay algún lugar en el que se haya producido un hecho delictivo o sea susceptible de ello. En caso de que se produzcan, solo podrán acceder a las imágenes de las cámaras las FCSE –entre las que se incluye la Policía Local, pero no los auxiliares de la Policía–.

Por el contrario, será la Guardia Civil la que instruya los expedientes de aquellos municipios que no dispongan de Policía Local, como sucede en Villamediana de Iregua, Fuenmayor o Sajazarra. En estos casos, será la Benemérita la responsable de verificar la realidad del problema planteado, así como de informar de cuáles son los puntos estratégicos en los que resulta más conveniente instalar las cámaras. También podrá acceder a la grabación de las imágenes, pero solo con el principal propósito de esclarecer los delitos que sucedan en el municipio.

Si el informe de la Guardia Civil resulta favorable –si considera que está justificado poner la cámara–, la Delegación iniciará (de oficio) el trámite para su autorización, para lo que también se requerirá el visto bueno de la Comisión de Garantías de Videovigilancia. Un proceso que, sin embargo, no gusta a algunos alcaldes, como al de El Villar de Arnedo, que critica que «poner una cámara es un proceso muy lento, ya que cuesta bastante, además de que surgen pegas». En el caso de Cihuri, también «se alargó un montón».

El permiso de videovigilancia en los espacios públicos se otorga por un año. Una vez transcurrido, los ayuntamientos tienen que volver a justificar si necesitan seguir con él. De lo contrario, deberán dejar de utilizarlas.