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La reforma de las pensiones es un largo y profundo proceso que ha completado su primera parte. Entre las medidas que ya han entrado en vigor están el nuevo método de revalorización de las pensiones, la penalización de las jubilaciones anticipadas, o la separación de ... las fuentes de financiación del sistema. Queda por abordar el segundo bloque de reformas, que según el calendario enviado a Bruselas -forman parte del Plan de Recuperación y Resiliencia-, deberán aprobarse de aquí a final de año. Estas son las más importantes:
Se trata, según el Gobierno, de «adecuar a la realidad actual de las carreras profesionales el periodo de cómputo para el cálculo de la base reguladora de la pensión de jubilación». Actualmente se tienen en cuenta los últimos 25 años, pero el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones quiere ampliarlo hasta 35 años en 2023.
Esta medida podría tener un impacto negativo en las pensiones de muchos trabajadores. Para evitarlo, el ministerio que dirige de José Luis Escrivá propone que esos años se distribuyan según convenga al trabajador, de forma que pueda elegir aquellos con una base de cotización mayor y dejar de lado los peores (o en los que ni siquiera se haya cotizado). Por otro lado, se quiere mejorar el sistema de integración de lagunas de cotización. Se trata de una ayuda para quienes tengan periodos de su vida laboral en los que no haya cotizado para que no se vean tan perjudicados a la hora de calcular su pensión de jubilación.
Escrivá quiere desarrollar estas dos medidas en el segundo semestre del año. El objetivo es que las rentas altas contribuyan más al sistema. Actualmente la base máxima de cotización es de 4.139,40 euros, por lo que todas las rentas brutas anuales que superen los 49.672,80 euros anuales cotizan la misma cuantía a la Seguridad Social. Esto conllevaría una subida, en la misma proporción, de la pensión máxima. El tope para cualquier prestación está situado en 2.819,19 euros mensuales (39.468,66 euros anuales repartidos en 14 pagas).
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Se trata de un sistema que busca dar respuesta a dos retos. Uno estructural, como es el aumento progresivo de la esperanza de vida, y otro coyuntural, el que supone el desequilibrio temporal entre el tamaño de las generaciones que acceden a la jubilación y las que están en edad de trabajar.
El mecanismo ideado por el Gobierno -y que sustituye al derogado factor de sostenibilidad- permite por ejemplo aumentar la edad de jubilación en un momento en el que también suba la esperanza de vida. O cuando disminuye la proporción entre ocupados y pensionistas. De la misma forma podría rebajarse la cuantía inicial reconocida a los nuevos pensionistas si se eleva la esperanza de vida o cae la ratio de jubilados y trabajadores en activo.
Es uno de los aspectos que más está costando consensuar al Gobierno con los agentes sociales. Pretende ajustar las cotizaciones de los autónomos a sus ingresos reales. El ministro Escrivá presentó a principios de este mes una tercera propuesta después de que las dos primeras fueran rechazadas de plano por las principales asociaciones de autónomos.
Este esquema supone, respecto al anterior planteado, una ligera rebaja en las cotizaciones de los autónomos con menos rendimientos y una subida para los que más facturan. La nueva tabla de cuotas incluye 12 tramos de cotización que van desde los 204 a los 1.123 euros. La anterior propuesta contemplaba una horquilla entre los 212 y los 991 euros.
El Consejo de Ministros aprobó el pasado mes de febrero un proyecto de ley que impulsa los planes de pensiones de empleo. Se traba de facilitar el acceso a estos instrumentos de ahorro a los trabajadores con rentas medias y bajas, a los autónomos y a las pymes.
De forma paralela, se pretende desincentivar los planes de pensiones individuales con la rebaja del límite de aportaciones deducibles de la base imponible en el IRPF. El año pasado se redujo de 8.000 a 2.000 euros anuales. Y este 2022, la cantidad máxima deducible es la menor entre 1.500 euros o el 30% de los rendimientos netos del trabajo y/o de actividades económicas.
En el caso de los planes de empleo el trabajador podrá aportar de forma voluntaria cuotas superiores a las de su empresa, si bien las contribución máxima se definirá por tramos. Además, el empleado reducirá su base imponible a tipo marginal del IRPF con un 30% para el empleado medio.
El Gobierno pone el foco en «el reconocimiento de las situaciones que enfrentan las personas con discapacidad intelectual», de forma que se aumenten los colectivos que podrán acceder a la jubilación bonificada en la edad legal ordinaria de jubilación.
Agencia Estatal de la Seguridad Social
Según explicó el ministro Escrivá, esta medida tiene como objetivo «modernizar y hacer más eficiente a la administración de la Seguridad Social».
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