Eduardo Pérez Hoces (Logroño, 1989) fue reelegido este viernes presidente de ARAG-Asaja, el sindicato agrario mayoritario de La Rioja. No han sido cuatro años fáciles para el campo, tras una pandemia y una espiral inflacionista que ha multiplicado los costes de producción y amenaza ... seriamente la viabilidad y el relevo de muchas explotaciones. Pérez Hoces avanza que el sector volverá a las calles en enero del año próximo y denuncia que «el campo no ha sido una prioridad ni para el Gobierno de Pedro Sánchez ni para el de Andreu».
– ¿Están enterrados los conflictos internos en su organización?
– Totalmente. Hace cuatro años había gente crispada y se tomaron algunas decisiones, pero las cosas se han normalizado y hoy somos una organización profesional más unida y más fuerte, pero desgraciadamente con muchos frentes abiertos.
«La Consejería de Sostenibilidad ha ganado por goleada a Agricultura, como en el Ministerio»
«Producir 'verde' es más caro y se quiere hacer a costa de nuestros números rojos»
– ¿Qué balance puede hacer de estos cuatro años?
– Antes del COVID ya veníamos de una situación muy complicada, con varios cultivos y sectores sin rentabilidad. Incluso estábamos preparando una manifestación en Logroño cuando estalló la pandemia. Luego vino la invasión a Ucrania, que ha desestabilizado a otras, o al resto, de actividades agrarias. Con esta subida alarmante de costes de producción, de los abonos, de los piensos, el gasoil, los fitosanitarios..., y otros problemas, como los daños por fauna silvestre, la reforma de la PAC o las dificultades para contratar trabajadores, la situación se va agravando porque, además, no se toman decisiones ni se aportan soluciones.
– ¿Por qué vuelven a la calle?
– Porque nos sentimos desamparados. El sector agrario no ha sido un prioridad ni para el Gobierno de Pedro Sánchez ni para el de Concha Andreu. En la tractorada histórica del pasado mes de enero, vimos que la gente nos aplaudía y comprendía nuestra movilización, lo cual se agradece, y mucho, pero no ha servido de nada ni se ha atendido ninguna de nuestras reivindicaciones. Solo queremos producir alimentos, y de hecho no faltó ni uno durante la pandemia, pero la nueva PAC, que entra en vigor en enero, lo que va a conseguir es todo lo contrario: se producirán menos y más caros. Está muy bien que se pretenda que todos seamos ecológicos y sostenibles, pero el poder adquisitivo de la gente es el que es, y no hay sostenibilidad sin rentabilidad. Nosotros dejaremos de producir y lo haremos más caro, pero los productos de terceros países seguirán entrando con legislaciones mucho menos existentes y menores costes. Lógicamente, el consumidor, que tiene el poder adquisitivo que tiene, aunque respete nuestro trabajo acabará eligiendo el producto más barato. Es lo que nos trae esta PAC.
– ¿Se pasa de frenada en lo 'verde' la Unión Europea?
– La parte filosófica está muy bien. Pero en tres años hemos tenido COVID, la invasión de Ucrania y una inflación galopante. Ya hemos visto escasez de alimentos como la leche cuando al mismo tiempo se habla de soberanía alimentaria. Si no producimos aquí lo traerán de fuera y, como decía, no se trabaja con las mismas reglas de juego. Producir 'verde' es más caro, pero se quiere hacer a costa, exclusivamente, de nuestros números rojos.
– ¿Cómo está el sector ahora mismo?
– Las semillas, los abonos, los fitosanitarios, el gasoil, la mano de obra..., todos estos costes se han multiplicado. Para que te hagas una idea, se está ahora recogiendo la patata y la remolacha y no se han podido dar los últimos riegos porque el coste energético no compensa. Demandamos que la Ley de la Cadena Alimentaria se cumpla y que ningún agricultor o ganadero venda por debajo de los costes de producción. No sirven ocho o diez inspecciones como se hacen aquí para cumplir el expediente y hacerse una foto. Hay que afrontar el problema.
– ¿Y cómo se hace?
– La mayoría de nuestros productos son perecederos y hay que venderlos sí o sí. Los contratos que se firman, porque no hay otra opción, recogen que el productor entrega la mercancía y que lo que se paga va por encima de costes, con lo que las empresas se cubren legalmente. No es verdad en muchos casos, pero no hay alternativa. Lo que estamos pidiendo es un control efectivo. Si hay que crear un departamento específico con gente especializada que se haga. No queremos más inspectores laborales, sino más inspectores que velen por el cumplimiento de la Ley de la Cadena. Garantizar la rentabilidad de agricultores y ganaderos es garantizar su viabilidad y continuidad.
– La Consejería riojana inició esta vendimia una campaña precisamente en el sector vitivinícola. ¿Ha sido efectiva?
– Solo hay que mirar el número de viticultores que somos y el de contratos que se firman cada año y ver que se inspeccionaron solo 14 bodegas y, además, para los contratos del año anterior. ¿Para qué sirve centrarse en la campaña pasada? Debería haber personal específico para este fin y, por supuesto, inspeccionar la vendimia o temporada en curso.
– ¿Qué pasa con el vino de Rioja, que sigue sin recuperar las cifras prepandemia?
– Llevamos tres o cuatro años con una inestabilidad tremenda. ARAG-Asaja ha apostado por reducir las producciones al 90% y al 95% en los últimos tres años, un esfuerzo que no se ha visto recompensado en el precio. Y digo esfuerzo porque no hay viticultores más profesionales que los riojanos. Incluso en momentos de crisis se siguen cuidando las viñas y las uvas para ofrecer una calidad extraordinaria.
– ¿Habrá que volver a quitar más producción el año próximo?
– Lo veremos en su momento. Es la única herramienta que tenemos los viticultores para ayudar a recuperar la estabilidad. Esa y seguir apostando por la promoción para intentar vender más vino, como hace Asaja en el Consejo Regulador, pero está claro que no todo se puede descargar sobre el agricultor.
– ¿Fue usted muy crítico el día de su elección con la consejería de Agricultura? ¿A qué obedece el desencuentro?
– A varios años de ninguneo, como con la Ley de Caza, con los residuos agrícolas o con tantas otras cosas. Llevamos dos meses pidiendo una reunión con el tema de las quemas y seguimos esperando. No hay diálogo con el sector. En la Ley de Caza no se escuchó ningún argumento de las tres organizaciones agrarias. Fuimos la única comunidad que cerró la caza durante el COVID, que no tomó medidas excepcionales y ahora tenemos los problemas que tenemos con los jabalíes y los conejos. Por no hablar del caso del lobo: somos también la única comunidad que, sufriendo daños, votó en contra de su caza cuando ganaderos y ganaderas han tenido que cerrar o dedicarse a otra cosa, mientras que otros están deseando jubilarse para cerrar el negocio y que sus hijos no continúen la actividad.
– ¿Ha ganado la Consejería de Sostenibilidad a la de Agricultura?
– Por goleada. Y lo mismo ha pasado con el Ministerio de Transición Ecológica. La respuesta de Agricultura, de aquí y de Madrid, siempre ha sido el silencio en las polémicas o decisiones para la protección del lobo o con las energías renovables y el coladero de proyectos antes de la protección de los suelos, terrenos muchos de ellos en los que se había invertido mucho dinero en parcelarias o en regadíos.
– ¿Se ha complicado aún más el relevo generacional?
– Por supuesto. En las dos últimas décadas hemos perdido 1.800 agricultores y ganaderos en La Rioja. Si no cuidamos este sector, morirá. Queremos vivir de lo nuestro, y ojalá fuera posible sin subvenciones, sino cobrando de forma justa por nuestro trabajo. Somos el gran motor económico y social de los pueblos y, ahora que llegan las elecciones, volveremos a ver fotos y discursos de preocupación de todos los partidos por la España y La Rioja vaciada, pero no dejan de ser una farsa porque no hay una preocupación real.
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