El sector agrario intenta consensuar una postura para la aplicación de la PAC en La Rioja

Así lo ha anunciado hoy el consejero de Agricultura, Íñigo Nagore, en declaraciones a los periodistas, al inicio de la reunión con las organizaciones, ante la reunión de la Conferencia Sectorial de Agricultura, convocada para el próximo día 21, en la que el Estado y las comunidades autónomas empezarán a tratar qué quiere España para la futura PAC, que tenía que entrar en vigor en el período 2020-2021 y que se va a retrasar.

El consejero ha precisado que la futura PAC plantea unos cambios «bastante importantes» puesto que todo se va a basar en la elaboración, por parte de los Estados miembros, de unos planes estratégicos, a través de los cuales se tendrá que articular la nueva Política Agraria Común.

En la reunión de la sectorial del próximo día 21 se comenzará a debatir cuestiones, entre ellas, cómo debe ser la elaboración de ese plan estratégico, quienes serán los perceptores de las ayudas o cómo se define la figura de «agricultor genuino», que es nueva, ha indicado Nagore.

Ha precisado que el Gobierno riojano considera las ayudas de la PAC deben recibirlas aquellas personas que tienen una actividad agraria real. Según Nagore, «dado que los recursos -de la futura PAC- van a ser cada vez más escasos y se está planteando un recorte, que no queremos que se produzca, la ayuda debiera ser incompatible, por ejemplo, con una pensión de jubilación», aunque ha recalcado que es «una cuestión a debatir desde La Rioja y tratar de lograr el mayor consenso».

El consejero ha explicado que una idea para incentivar el relevo generacional y que los jóvenes no vean dificultades de acceso a las explotaciones agrarias puede ser que quienes ejercen una actividad agraria estando jubilados liberen esas tierras, lo que permitiría a los jóvenes tener acceso al mercado de las mismas, y, a su vez, esos agricultores jubilados puedan obtener rentas de los arrendamientos de esos terrenos.

También ha subrayado que, la actualidad, en el conjunto nacional, «hay un esquema que genera bastantes desigualdades, ya que hay agricultores que desarrollan la misma actividad y reciben unos pagos muy diferentes» en función del territorio en el que residan y «es momento de eliminar esas desigualdades».

Otro asunto a tratar en las negociaciones, ha detallado el consejero, es la definición de la limitación máxima de pagos, en el sentido de si a partir de una determinada cantidad se empiezan a reducir los pagos, que actualmente son por superficie, y cómo se distribuye ese dinero que se recupera de la reducción de los pagos.

En la actualidad, las ayudas que La Rioja recibe de la PAC ascienden a unos 49 millones de euros y el presupuesto de la futura PAC está por decidir, ha informado Nagore.

Ha añadido que es «difícil» determinar el recorte que se presume con la futura PAC, pero se estima que, en las ayudas directas, por ejemplo, que actualmente ascienden a unos 28 millones de euros, el recorte pueda ser entre un 10 y un 15 por ciento.

Nagore ha recalcado que «todo dependerá del esquema que se aplique» porque ha incidido en que, actualmente, «hay muchas desigualdades» en el reparto.

Por ello, «es preciso conseguir que haya una redistribución más justa de esas ayudas», algo que si se logra, ha concluido, «puede ser que no haya disminución de fondos» a La Rioja, «sino al contrario».

El presidente de la UAGR, Óscar Salazar, ha afirmado que, ante la nueva reforma de la PAC, «no debemos perdernos en el tema de las ayudas, que son fundamentales, pero hay que seguir insistiendo en los mercados, en la mejora de la normativa de la cadena agroalimentaria, fundamental para los agricultores y para la sociedad».

Las ayudas, ha detallado Salazar, «son fundamentales, pero si se pierden los mercados y se desmantela todo el sistema productivo, de nada van a servir las ayudas».

ARAG-Asaja defiende que «no se reduzca ni un euro el presupuesto de la PAC defiende que los perceptores de las ayudas sean el agricultor y ganadero, profesional», ha informado su presidente, Eduardo Pérez Hoces.

Esta organización agraria también quiere «un sistema de gestión sencillo, que no haya retrasos en los pagos» y, apuesta por tratar de prorrogar la entrada en vigor de la liberalización de plantaciones de viñedo, prevista para 2031.