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LA RIOJA
Viernes, 6 de noviembre 2020
El sindicato de Enfermería (Satse) ha denunciado esta mañana la falta de personal y el escaso reconocimiento salarial de las enfermeras y enfermeros que trabajan en centros sociosanitarios, con especial hincapié en las residencias del ámbito privado, donde, según indican en una nota, el salario ... oscila entre los 1.000 y 1.200 euros al mes.
SATSE también denuncia que la situación de estos trabajadores, que prestan asistencia y cuidados en los centros sociosanitarios, «ha empeorado notablemente» durante los meses de lucha contra la Covid-19. «Sus condiciones laborales siguen siendo muy preocupantes al tener que realizar un sobreesfuerzo aún mayor por la creciente carga de trabajo sin una retribución justa y adecuada», asegura el sindicato.
Por eso, la organización sindical ha incidido en que los salarios de las enfermeras que trabajan en este tipo de centros son muy bajos, «e incluso ridículos», si bien se tiene en cuenta que cuentan con titulación universitaria y las condiciones de su jornada laboral, que, según precisan, se organiza en turnos de mañana, tarde, noches y festivos.
La precariedad laboral de estos profesionales «se produce también por la falta de personal suficiente en los centros para poder atender y cuidar como se merece a un colectivo tan vulnerable y necesitado de una asistencia permanente y continuada como son los mayores, al ser dependientes o residentes pluripatológicos en muchos casos», han denunciado desde el sindicato.
De hecho, Satse ha asegurado que la media de personas mayores por cada enfermera supera en la mayoría de los casos los 100 residentes, dándose el caso de centros con más de 200 pacientes por cada profesional, lo que supone unas cargas de trabajo absolutamente desproporcionadas e inasumibles. «Ante esta lamentable realidad, reclamamos un aumento de las plantillas de enfermeras en las residencias de mayores de nuestro país», solicitan.
El sindicato, dado que la situación se está complicando cada vez más en el conjunto del España, ha exigido a las distintas administraciones públicas competentes que implanten una estrategia «clara, conjunta y coordinada» para mejorar la atención que se presta en las residencias de mayores de titularidad pública.
Por último, ha solicitado que aseguren que los centros de carácter privado o concertado cumplen con «todas las condiciones exigidas» para atender a todos sus residentes de manera «digna y óptima», sin olvidar un reconocimiento económico a sus profesionales, a través de los salarios, dada la «gran sobrecarga y responsabilidad» que tienen cada día.
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