Sara Carreño, demandada por vulneración del honor de un padre por gestación subrogada

Prosigue el comunicado señalando que Fuentes exige a Carreño «diez mil euros y una rectificación pública por haber dicho que lo que él llama gestación subrogada supone la explotación reproductiva de mujeres y es, simple y llanamente, una compra venta de bebés». Suma, además, que el demandante considera que sus palabras «son muy graves» debido a su actual cargo de directora de Derechos Humanos del Gobierno de La Rioja.

Sin embargo, la demandada asevera que «los vientres de alquiler son una técnica ilegal en nuestro país». Y cita que «la Ley Orgánica 1/2023, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, considera la 'gestación por sustitución' una vulneración grave de los derechos reproductivos y violencia contra las mujeres. El Tribunal Supremo califica los contratos de 'gestación subrogada' de trato inhumano y degradante, y señala que en estos se trata a mujeres y niños como mercancía».

«Quienes promueven esta vulneración de derechos de mujeres y bebés quieren que dejemos de decir la verdad, de señalar su violencia, su explotación a mujeres, su compra de recién nacidos. Quieren coartar nuestra libertad de expresión y obligarnos a usar sus eufemismos para blanquear estas prácticas que cosifican a mujeres y niños, para conseguir que también en nuestro país se pueda explotar mujeres», continúa el comunicado que concluye con la expresa reafirmación de Carreño en el «compromiso de respuesta frente a vulneraciones graves de los derechos reproductivos que constituyen manifestaciones de la violencia contra las mujeres y una compra de bebés».