Santolaya: «No he querido violar las leyes de contratación, simplemente era desconocedor»

El exregidor, en su turno de réplica, ha insistido, como así lo hizo en la primera sesión de juicio celebrada el pasado 21 de octubre, en que nunca recibió advertencias sobre sus actuaciones por parte de la secretaria municipal. «Siempre me he apoyado en la figura del secretario porque es el mayor apoyo que puede tener un alcalde del mundo rural en el tema de leyes».

El fiscal, por su parte, si bien mantiene el delito de prevaricación, ha modificado la petición de pena de 10 a 5 años de inhabilitación al aplicar la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas. En sus conclusiones definitivas, ha reiterado que la contratación del despacho de abogados por parte del Ayuntamiento «se hizo vulnerando todos los principios de contratación administrativa, el de publicidad y el de libre concurrencia». «Se contrató el abogado por él -en referencia al exprimer edil- elegido, no hubo intervención de ninguna persona». El Ministerio público entiende que de este modo el acusado permitió «el enriquecimiento de la persona por él elegida y eso es arbitrariedad».

Ha recordado que Santolaya fue alcalde durante 20 años del Ayuntamiento de Villamediana y «sabe que todo tiene unas reglas» y «en este caso se realizan contratos sin seguir ningún procedimiento más que el de la propia voluntad». Sobre el papel de la secretaria municipal ha replicado que «no tiene capacidad de veto y si no se le pregunta no puede decir nada». «Lo relevante -ha incidido- es que el delito existe, aún cuando el servicio se haya prestado y se haya prestado satisfactoriamente».

La defensa tras insistir en la petición de la libre absolución para el procesado por la falta de pruebas de la comisión del delito que se le imputa, y antes de entrar en el detalle de sus conclusiones, ha cuestionado la asignación del caso al fiscal encargado de él. Ha explicado que en un primer momento el procedimiento aparece como un delito contra la ordenación del territorio, lo que conlleva que el asunto caiga en manos del fiscal adscrito a esta materia, «pero si vemos el delito ahora en ningún momento hay delito de ordenación del territorio».

Tras esta precisión, el abogado ha insistido en que al exedil nunca se le hicieron advertencias de ilegalidad y «si la secretaria observaba que se cometían ilícitos penales tenía la obligación de perseguir ese delito».

De acuerdo con su versión, Santolaya actuó como se había hecho hasta el momento, no solo en Villamediana, sino en el resto de municipios de La Rioja. Ha recordado que Barinaga fue contratado por primera vez por indicación del concejal de Urbanismo. Entonces, ha señalado, hubo consenso entre las distintas fuerzas políticas que eligieron a un abogado de especial cualificación. El abogado «sacó adelante los dos temas que eran de vital importancia para el Ayuntamiento, así que cuando llegaron otras demandas se llamaba al letrado que había resuelto los asuntos con éxito».

Una vez que entró la nueva corporación, como consecuencia de la moción de censura apoyada por el PSOE, Cs y IU, es decir, toda la oposición de entonces, salvo el PR, «se siguieron haciendo las cosas del mismo modo», al menos durante un tiempo. Un hecho que puso en evidencia el exedil socialista Juan Pedro Martínez en su declaración como testigo en la primera sesión de juicio cuando dijo que en 2019, ya con el nuevo equipo de gobierno municipal, tuvo conocimiento de que se estaba cometiendo el mismo delito. «¿Sabíamos que teníamos ese problema y nosotros estábamos incurriendo en lo mismo?», dijo entonces.

Por último, ha señalado que la pena que solicita el fiscal «no tiene sentido» porque desde que se retiró no se ha vuelto a presentar en las listas y tampoco lo volverá a hacer para las elecciones municipales de 2023.

La acusación pública considera que el exalcalde contrató los servicios de Barinaga Abogados para defender la posición del Ayuntamiento de Villamediana en cinco procedimientos judiciales en las jurisdicciones Contencioso Administrativa y Civil. Tras la conclusión de los procedimientos judiciales, Barinaga Abogados presentó el 19 de julio de 2017 cinco facturas ante el consistorio por importe total de 128.167 euros.

Según consta en el escrito del fiscal, no se tramitó ningún expediente administrativo para la contratación de los servicios de Barinaga Asociados, aunque tanto Intervención como la Comisión Informativa de Cuentas dieron la conformidad para el pago de las cinco facturas.