Más de 10.000 riojanos siguen pendientes de la devolución de las multas del primer estado de alarma

El estado de alarma declarado por el Real Decreto de 14 de marzo habilitó a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, policías autonómicas y locales para sancionar a los ciudadanos que no cumplieran con el confinamiento domiciliario. El balance final dejó en La Rioja 10.221 propuestas de sanción durante el primer estado de alarma, que se prolongó del 14 de marzo al 21 de junio de 2020.

Declaradas nulas por el Tribunal Constitucional, el Gobierno ya ha anunciado que devolverá de oficio el importe a aquellos que las hayan abonado, requiriéndoles previamente que identifiquen el número de cuenta bancaria. No obstante, según información de la Delegación del Gobierno en La Rioja, faltaría por concretar el modelo de devolución y los plazos de tiempo para reintegrar el dinero a los ciudadanos, que no tendrán que iniciar ningún proceso administrativo. Se han creado equipos con subdelegaciones, delegaciones, Hacienda y otras instituciones para coordinar el reintegro de las sanciones y, en teoría, frenar los expedientes en marcha.

¿Qué debe hacer un riojano que fue sancionado durante el primer estado de alarma? A aquellos que ya hayan abonado la multa, Carmelo Irazola, abogado experto en Derecho Administrativo, les recomienda esperar a que el Ejecutivo concrete el sistema de devolución que todavía está en proceso de diseño.

En este caso, el Tribunal Constitucional no detalló los efectos sobre las sanciones, como sí lo hizo al anular las plusvalías municipales, que cerró la vía de la reclamación de dinero.

¿Y qué pasa con aquellos a los que les han comunicado un expediente pero todavía no han recibido la ejecución del pago? En este caso, Irazola aconseja que presenten un recurso «breve» en el que soliciten que se archive el procedimiento de ejecución de la sanción y basen su petición en el fallo del Constitucional.

«Presentarlo –explica– garantiza que posteriormente no te puedan decir que se notificó la sanción y ni se pagó ni se recurrió y a usted se la ha pasado el plazo de pagar voluntariamente y de recurrir».

En tercer lugar, están los sancionados a los que todavía no se les ha comunicado nada, «estos son los que más claro lo tienen», detalla, porque se supone que, al paralizarse, sus expedientes no están iniciados y ni siquiera recibirán la notificación de la multa.

Aunque todavía es prematuro, las 11.860 multas impuestas durante el segundo estado de alarma en la región, vigente desde el 26 de octubre de 2020 hasta el 9 de mayo pasado y también declarado inconstitucional por el Tribunal de garantías, es previsible que corran la misma suerte y el Gobierno, como así ya ha asumido, tenga que devolver los importes ya abonados.